Pobreza y desigualdad en la encrucijada: hacia nuevas políticas y nuevos abordajes de lo social

Perú

Pobreza y desigualdad en la encrucijada: hacia nuevas políticas y nuevos abordajes de lo social [1]

Teresa Viviano Llave[2]
Leticia Cáceres Cedrón

 

“No puede ser que estemos aquí para no poder ser”
Julio Cortázar, Rayuela.

 

1. Introducción

Producto del Diálogo de Políticas “Desigualdad y pobreza en el contexto del COVID-19 y su impacto en las poblaciones vulnerables” que forma parte la secuencia “Cuestión social latinoamericana”, la Comisión de Comunicación del CELATS, como parte de sus actividades de discusión para la generación de conocimiento para el Trabajo social, ha preparado este documento que incluye un conjunto de reflexiones motivadas por la ponencias  realizadas por Josefina Huamán Valladares, Verónica Serafini Geoghegan, Christian Quinteros Flores, Gerardo Vélez Villafañe y Elí Evangelista Martínez, en dicho   “Diálogo de Políticas”, realizado en octubre del 2020 y que tuvo por finalidad dar cuenta del agravamiento de la pobreza y la desigualdad en América Latina en el contexto del COVID-19 y generar ideas para nuevos abordajes de intervención hacia las personas más afectadas.

El evento fue abierto por una ponencia magistral a cargo de Josefina Huamán, quien cuestionó conceptos que naturalizan la desigualdad y la pobreza en América Latina e invita a mirar las múltiples exclusiones y segregaciones que se suman a la realidad de los más vulnerables. La pobreza es una realidad compleja que se suele mirar desde afuera y con un criterio monetario únicamente, enfoque que no alcanza para implementar políticas sociales integrales para el logro de la ciudadanía plena y el goce de los derechos humanos.

En Perú y en América Latina la población ha enfrentado de manera aguda tres tipos de crisis: la crisis sanitaria producto del colapso de los servicios de salud frente a la pandemia del covid-19, la crisis de ingresos por la pérdida de empleos por la recesión económica producto de las cuarentenas y la crisis del consumo básico o alimentación. Estas crisis no han afectado a todos por igual.

Los más ricos se hacen más ricos y lo contrario ocurre con los pobres. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) para el año 2019 en Latinoamérica el “10% más rico de la población ganaba 22 veces más que el 10% más pobre, el 1% de los más ricos se llevaba el 21% de los ingresos de toda la economía, mientras que el coeficiente de Gini o medida de la desigualdad en los ingresos fue de 0,46 lo que califica a América Latina como la región más desigual del mundo. Esta desigualdad económica trae consigo desigualdad social, educativa, cultural, y en general un sentido de injusticia e incoherencia en una sociedad donde todos los seres humanos deben tener igualdad de derechos y las mismas oportunidades.  

El BID (2020) señala que los gobiernos de América Latina y el Caribe adolecen de una incapacidad para redistribuir y acortar la brecha de la desigualdad, siendo que solo logran hacerlo con el 5% en comparación de los países más desarrollados que redistribuyen hasta el 38% a través del gasto social y las pensiones. Si los ricos pagaran más impuestos, este dinero podría redistribuirse y traducirse en mejores servicios para la población.

América Latina no es necesariamente una región pobre en recursos naturales y capacidades. Es una región desigual, con un patrón de desarrollo que genera desigualdad y vulnerabilidad. Retomando la información del BID, (2020, págs. 26-27) se tiene que antes de la pandemia se había logrado una esperanzadora mejora de los indicadores de la desigualdad:  un lento proceso de descenso a una tasa anual promedio de 0.2 en el coeficiente de GINI durante el periodo del 2012 al 2018, que iban de la mano de un mayor acceso a la educación, el declive de la prima salarial de las habilidades ; el auge de las materias primas con el aumento de la demanda de trabajadores no cualificados; el incremento de los salarios mínimos y la implementación de varios programas sociales de transferencias(por ejemplo Juntos, Pensión 65 en Perú).

Evidentemente, en América Latina había disminuido la pobreza monetaria debido también a la actividad económica que generó empleo y que sostuvo el consumo y la satisfacción de necesidades básicas; sin embargo, este factor es insuficiente para modificar las reales condiciones estructurales de desigualdad. El COVID-19 ha puesto de manifiesto las fallas de nuestro modelo de desarrollo económico capitalista neoliberal, que no garantiza un auténtico desarrollo, sino que genera desigualdad y exclusión.  

Urge por tanto dar respuestas integrales, incluyendo mecanismos que garanticen a las personas ingresos para su recuperación económica y además pensar en nuevos procesos de cambio que deben impulsarse para lograr una sociedad más justa y equitativa en donde el trabajo social debe tener un rol protagónico.

Actores de la sociedad civil están buscando otras maneras de salir de los procesos de desigualdad y la exclusión en esta emergencia sanitaria.  CEPAL propone un conjunto de medidas a tomar en cuenta: no quedarnos en la emergencia y aprovechar la oportunidad para repensar el modelo de crecimiento y modelo de desarrollo, de no volver a la misma normalidad, de pensar nuevos marcos conceptuales para el desarrollo, de establecer un nuevo pacto social y político que garantice la universalización de los derechos incluyendo sistemas de protección social universales (Barcena,2020)[3]

Entender esto desde el Trabajo Social es fundamental, pues no se trata sólo de exigir más prestaciones para los pobres e intervenir con servicios y recursos dirigidos a ellos; sino en comprender que aun habiendo muchos  programas contra la pobreza, la desigualdad no se ha reducido y es más, se ha diversificado en distintas dimensiones; por lo que es menester promover cambios en la visión de las políticas públicas para que puedan combatir las desigualdades y exclusiones de toda índole, de manera efectiva.

El contexto de la pandemia del COVID 19 ha motivado la urgencia de recuperar debates de fondo referidos a las desigualdades. Es urgente ir más allá de la discusión sobre la reducción de la pobreza y la exclusión para ir al fondo de las desigualdades de todo tipo social, económica, política, ambiental; al interior de cada uno de nuestros países y entre ellos.

A continuación, desarrollamos el conjunto de reflexiones que este evento ha suscitado, y que iremos desarrollando desde la mirada del Trabajo Social para reafirmar que lo social, en este contexto de crisis y de pandemia, debe ser el puntal articulador de las otras dimensiones del desarrollo.

 

2. Pobreza y vulnerabilidad

La reducción de la pobreza es objetivo de las políticas públicas y en especial de las políticas sociales. En el Perú, a través del MIDIS se ha desplegado una política nacional para combatir la exclusión social y la pobreza extrema, es decir, para combatir las condiciones o falta de oportunidades que impiden a los ciudadanos y ciudadanas gozar de sus derechos más elementales.

Pobreza y pobreza extrema reflejan una distinción importante: la primera como la carencia que afecta a quienes tienen poco o insuficiente, pero tienen capacidades para vivir con ese poco, y la segunda, respecto a quienes no pueden garantizar su propia supervivencia si es que no reciben alguna prestación del Estado, en calidad de poblaciones excluidas del sistema.

La pobreza es una de las principales causas de la exclusión que se ha agravado en el contexto del COVID 19, pero no es la única, la exclusión puede ser también una condición que afecta a las personas con discapacidad, a las poblaciones desplazadas y a individuos que pertenecen a minorías étnicas, todos ellos también son denominados poblaciones vulnerables. La exclusión se da en estas poblaciones cuando no hay políticas específicas para asegurar el goce de sus derechos.

Desde la perspectiva oficial  (INEI, 2000) la pobreza es considerada como una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptable. Este concepto operativo es limitado y unidimensional porque asocia la pobreza a la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, entre otros. Este concepto se concentra en la capacidad de un consumo básico y no aborda las privaciones múltiples que afectan a las personas, sus comunidades y su medio ambiente, ni las causas de ello. En la intervención, estos enfoques que sustentan así los programas sociales, no permiten un abordaje integral y por lo general, segmentan el desarrollo de las personas, midiendo aspectos aisladamente. Intentan resolver las expresiones más visibles de pobreza, pero no atacan la desigualdad en la que quedan sumidas estas mismas poblaciones que dependen de dichos programas para sobrevivir.

Esta mirada dirigida a la pobreza, es la que se aprecia en los enfoques que utiliza el Estado para medirla. Según el INEI (2000), el primero es el enfoque de pobreza absoluta; el segundo de pobreza relativa, y el tercero de exclusión social. Para el enfoque de la pobreza absoluta “se toma en cuenta el costo de una canasta mínima esencial de bienes y servicios y se considera como pobres a todos aquellos cuyo consumo o ingreso está por debajo de este valor.”  El enfoque de la pobreza relativa considera al grupo de personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de un determinado nivel o estándar de lo que se considera pobre o no pobre. El enfoque de la exclusión social, presta atención a las personas que no pueden acceder a determinados satisfactores como ejemplo, educación superior, vivienda, propia, entre otros. En el Perú, las principales definiciones para medir la pobreza según el INEI son las siguientes: 

 

Fuente: INEI. Elaboración propia.

 

En Perú, además de indicadores de pobreza monetaria, también se maneja el de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que incluye cuatro categorías como son: Acceso a la vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a educación y capacidad económica, que se calcula en base a los datos censales, pero no registra otros datos relevantes

La medición de la pobreza monetaria y de las necesidades básicas insatisfechas que forman parte de la perspectiva de la política social vigente, basadas en una racionalidad económica y alimentaria, considera que el ingreso es un factor importante para eliminar la pobreza y mejorar las capacidades de la población, sin embargo, resultan ser incompetentes para comprender la pobreza en su carácter multidimensional. Otros aspectos que no están considerados en esos enfoques son la inseguridad ciudadana, gestión de los riesgos, capacidades digitales, acceso a conectividad, salud mental, sistema de cuidados, acceso a educación técnica y superior, disponibilidad suficiente de agua potable, infraestructura urbana inclusiva, caminos de acceso, inclusión educativa para niños con discapacidad, entre otros que demuestran la complejidad del hecho. Se hace necesario construir nuevos indicadores y registrar nuevos procesos, con datos que ofrezcan mayor claridad del impacto del desarrollo y sean sensibles a los cambios coyunturales, como la crisis sanitaria que vivimos en estos momentos. El reto del desarrollo de todas las personas y de toda la persona (Max Neef, 1986).

 

2.1 Entendiendo la vulnerabilidad

A respecto, sobre estas metodologías limitadas de medida de la pobreza, los investigadores de Cepal (2001) mencionan que existe una insatisfacción analítica en ellas, por lo que plantearon incorporar el enfoque de vulnerabilidad. "Los enfoques de pobreza y distribución del ingreso son insuficientes para comprender la condición de indefensión y el debilitamiento de los recursos y capacidades de amplios grupos sociales de la región producto del shock transformador”.

Desde ese punto de vista, la vulnerabilidad hace referencia al carácter de las estructuras e instituciones económico sociales y al impacto que éstas provocan en comunidades, familias y personas en distintas dimensiones de la vida social. Mientras el enfoque de pobreza se basa en la escasez y no toma en cuenta las capacidades humanas y sociales, el de vulnerabilidad se refiere a las capacidades disminuidas.  

Pizarro H (2001), desde la Cepal, muestra el enfoque de vulnerabilidad de activos que se basa en cuatro componentes: Trabajo, relaciones sociales, capital humano y capital físico. Desde este enfoque, “la vulnerabilidad se caracteriza por el déficit de esos activos y la inhabilidad de manejarlos, creando debilidad en los individuos para afrontar dos riesgos sociales básicos: la pobreza y la movilidad socioeconómica descendente. Sin embargo, la consideración de la condición de vulnerabilidad (riesgo de experimentar movilidad social descendente) proporciona sólo una imagen parcial del bienestar o la desigualdad social” (Galassi, 2009).  

Veamos los componentes del enfoque de activos:

 

Se señala que la vulnerabilidad puede expresarse en la configuración inestable de estos cuatro activos por la fragilidad de los grupos involucrados para soportar los eventos adversos. El trabajo o empleo se pierde en determinadas situaciones de crisis económica como ha ocurrido en la pandemia, pero también se observa que desde su propia configuración éste ya sea precario y no permita generar ingresos suficientes para soportar, por ejemplo, un periodo de desempleo. En las relaciones sociales donde se destaca la solidaridad, como cohesión y apoyo mutuo entre las personas en situaciones adversas, hay que considerar que colisiona con los valores del individualismo del modelo capitalista. El acceso a la salud, la educación y la previsión social constituyen capitales sociales y la pandemia ha mostrado que no están disponibles cuando se necesitan; y si lo están, es posible que no tengan la calidad suficiente. Así, se puede tener un servicio educativo donde los niños y niñas no aprenden a leer correctamente, un servicio de salud donde no se encuentra una cama disponible, o una pensión que no cubre ni los gastos de alimentación.  El capital físico hace referencia a contar con una vivienda y no tener que pagar por ella, así como también a disponer de herramientas o materiales de trabajo. En el contexto actual, el no contar con una computadora y su respectiva conexión de internet configura una situación de vulnerabilidad, ya que las prestaciones de los servicios se realizan de manera virtual. Muchos en el país encajamos en la clasificación de vulnerables de acuerdo a esta clasificación.

Siguiendo el enfoque de activos, el PNUD (2020) resume así la situación de vulnerabilidad que vive el Perú por el impacto del COVID 19:  SIN AGUA, SIN SALARIOS, SIN AHORROS. En su publicación denominada: Vulnerabilidades, más allá de la pobreza, enfatiza en capturar el “contexto económico y social que explican las carencias, así como las oportunidades”. El INEI en su encuesta ENAHO (2018) también ha analizado vulnerabilidades y los impactos frente a la pandemia, expresándolo de la siguiente forma: 6 de cada 10 hogares peruanos registran al menos un tipo de vulnerabilidad. De este grupo: la vulnerabilidad laboral afectó al 34.3%, la alimentaria al 21.2%, la hídrica al 12.4% y la monetaria al 16.6%.

“Ante esta situación, los estudios de vulnerabilidad entendidos prioritariamente como la privación de capacidades básicas y no meramente la falta de ingresos…” (Sen, 2000: 115), deberían [re] considerar la ausencia de voz. Voz de los pobres que si bien se supone implícita en los lineamientos de las políticas de estado, en la realidad concreta están limitados sus mecanismos de manifestación y presión social ante las instituciones democráticas, la vulnerabilidad no respondería sólo a cuestiones físicas, ambientales, económicas, etc., responde también a la [no] participación social y a la exclusión de una parte importante de la sociedad —“los marginales”— La estigmatización de la pobreza pone el rostro más grave a la vulnerabilidad, por su invisibilización, marginación y criminalización” (Falcón, 2009)

Al respecto, Bauman (citado por Falcón, 2009) propone transparentar la denominación y llamar “clase marginada” a estos grupos que no sólo están por debajo de las condiciones socialmente aceptables, sino que terminan siendo invisibles “a un sector de la población ante la imposibilidad de ser [re] admitidos en la sociedad”, lo que puede contribuir a su estigmatización y acentuar su exclusión social. Son, como dice Falcón (2009) los “nuevos pobres” de la sociedad, quienes van quedando rezagados producto de los cambios de la modernización, del impacto de un patrón de desarrollo neoliberal basado en la flexibilización y precarización del empleo, la economía de mercado y el modelo de consumo, que el propio sistema ha producido. Matus (2020) desde una mirada crítica, dice que el enfoque de vulnerabilidad proviene de la teoría del riesgo, que ubica las vulnerabilidades en las personas y comunidades que requieren ser “asistidos” y “fortalecidos” por las políticas públicas. En ese sentido dice, se extiende la idea de que los problemas están en las personas y sus incapacidades, por lo tanto, los programas sociales son considerados una solución; en su lugar, propone cambiar la lógica de la atención, centrándose en las fallas del sistema y pensar el riesgo como una crisis del propio sistema. Eso llevaría, por lo tanto, a cambiar las formas de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. En suma, repensar la política desde las desigualdades estructurales.

Revisando esto último, Reygadas (2004) identifica que las causas de las desigualdades tienen distintos enfoques. Por ejemplo, desde el individualismo, se pone el acento en las capacidades personales y los recursos que cada quien pueda lograr. Así, se pone la responsabilidad de sus desgracias en las incapacidades de las personas o en su “dejadez” para salir adelante. Otro enfoque de las causas, que señala este autor, está referida desde la colectividad, que se refiere a la limitación que tienen las personas y grupos para vincularse con determinadas redes de relaciones que les permitan acceso, a su vez, a recursos tales como trabajo e ingresos mejores. Colocan el acento en el capital social que cada quien tiene que los pueda colocar en mejores condiciones de inclusión. Finalmente, Reygadas observa que hay un tercer enfoque de las causas de la desigualdad, que enfatiza como central las condiciones asimétricas de las estructuras sociales, que coloca a los individuos y grupos en situación por debajo de lo socialmente aceptable y aunque hicieran mil esfuerzos por salir adelante, la propia estructura socio económica en la que nace y crece, le impide colocarse en un piso más arriba del escalafón para acceder a mejores condiciones y calidad de vida. Serán casos aislados los que lograrán escalar y desarrollar capacidades, si se encuentran en una estructura sofocante económica y socialmente; serán pocos los que con sus contactos y relaciones sociales podrán interactuar para establecerse en una zona de inclusión, mientras la estructura social se mantenga rígida e inflexible. La gran mayoría de la población no logrará salir de la desigualdad, a menos que las visiones de país cambien y que las políticas, por consiguiente, también cambien. Una articulación de los tres enfoques podría dar pistas para esas nuevas políticas y nuevos abordajes de la desigualdad.

 

3. Pandemia e impactos

Los impactos sociales y económicos de la pandemia del covid-19 que a la fecha ha afectado a más de 120 millones de personas en el mundo[4], y tiene a la cabeza a países como Brasil, Colombia, Argentina, Perú, México y Chile han puesto en evidencia la fragilidad del desarrollo de América Latina y ha desnudado relaciones de dominación y exclusión. La crisis sanitaria ha afectado duramente a los pobres, quienes a sus habituales condiciones de carencia han sumado el efecto del colapso económico y la restricción del acceso a los servicios públicos.

El COVID-19 también ha barrido con los débiles sectores medios, sin capitales y sin propiedades cuyo desarrollo apenas se sostenía en los ingresos del trabajo. También ha perdido el trabajo y se ha empobrecido bruscamente. Las medidas de la pobreza, fueron en realidad referenciales, pues mucha gente se ubicó por fuera de la “línea de la pobreza” o creyó haber salido de ella, encontrándose con los efectos perversos de un proceso que finalmente no era permanente.

Al menos en Perú, el estudio realizado por la Asociación “Escucha al Perú” y la agencia Pacific Edelman Affiliate el 75% de los peruanos más pobres de Lima y Callao perdió su empleo en el contexto del confinamiento por el covid-19 decretado por el Gobierno, mientras que, para el caso del sector de clase alta, sólo fue afectado el 6%. Así mismo, de acuerdo al mismo estudio el 60% de los/as trabajadores independientes perdió su empleo sin posibilidad de recuperarlo en el mediano plazo[5]. Es decir, se ha generado una brecha entre los que pueden obtener ingresos sin salir de sus domicilios y aquellos que necesitan salir para ganar el sustento del día, y con ello están más expuestos al contagio del COVID-19.

Esta pandemia ha revelado también la fragilidad de nuestro crecimiento económico y en pocos meses ha desbaratado todo aquello que se consideraba superado. El acceso masivo a la educación de las niñas, niños y adolescentes comenzaba a reflejar buenos indicadores cerrando inclusive las brechas de género en la educación básica regular; sin embargo, al mes de setiembre 2020 el Ministerio de Educación de Perú estimó que unos 300.000 alumnos, que equivalen al 15% de la matrícula nacional dejaron de estudiar porque no tienen los recursos para acceder al entorno de aprendizaje virtual[6], generando una brecha entre los estudiantes que pueden disfrutar las ventajas de la educación online porque cuentan con equipo tecnológico y conectividad de datos, frente a las niñas, niños y adolescentes que no tienen estos recursos. Según el INEI para el 2019 únicamente el 35.9% de los hogares peruanos tenían  acceso a Internet[7] de manera que el 64.1% de los hogares resolvían sus necesidades de conexión a través de los centros de alquiler de computadoras e internet, los mismos, que en esta pandemia están cerrados. Todo esto ha ido de la mano del incremento de la angustia, el hambre, el estrés y el malestar social, del incremento de la violencia y la sensación de inseguridad entre la población, pues la pandemia tiene efectos diferenciados según las condiciones existenciales y las posibilidades para enfrentarlas.

 

4. Cambios para una nueva normalidad

En América Latina se viven procesos de agotamiento del sistema capitalista neoliberal impuesto por décadas en la mayoría de países. Ciertamente con la pandemia se habla desde diversos sectores de la necesidad de cambios estructurales.  Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cambios estructurales? ¿qué es lo que se quiere cambiar? ¿cómo se procesan dichos cambios? ¿quiénes son los protagonistas, los actores y líderes de esos cambios? ¿cómo saber si esos cambios estructurales son sostenibles en el tiempo?  Pensamos que la vida se desenvuelve de una manera holística y situada históricamente. Que los procesos son de ida y vuelta, de avances y retrocesos, con cambios imperceptibles y cuándo menos se espera ya estamos bajo otros rieles, sin saber muchas veces a donde nos llevan.

En ese sentido hablar de la nueva normalidad, requiere ser contundente, NO queremos la normalidad del actual estado de las cosas pues con argumentos y con datos sabemos que la vida antes del COVID ya era insostenible y ahora aún más.  Para hablar con realismo, el mundo entero necesita ese cambio estructural a diferentes niveles, en diferentes campos, donde el eje motivador de los cambios sean las personas, con criterios de igualdad, de solidaridad, de respeto por la diversidad y con sistemas de relaciones humanas no violentas y en una relación inteligente y ética con la naturaleza, que ya no soporta ser sólo un recurso de producción industrial a la cual se le exige el mayor rendimiento. Asimismo, mirar América Latina, identificando hacia dónde se mueven los principales países de la región en cuanto a cambios estructurales se refiere. Señalemos también que cada cierto tiempo cíclico se presentan oportunidades para avanzar a procesos reales de cambio; el factor desencadenante puede ser una crisis económica, social o un hecho político de envergadura, que lleva a replantear el sistema de vida que vivimos. Este puede ser el caso con la pandemia del COVID 19 y de los movimientos sociales por el cambio de la Constitución chilena y las voces políticas en el caso de la peruana, el recambio de gobierno en Bolivia, y en las Américas, el nuevo gobierno en los EEUU.

 

4.1 Hacia nuevas políticas públicas

Para el Trabajo social es imprescindible comprender plenamente la pobreza y desigualdad y analizar la pertinencia de las soluciones que a lo largo del tiempo se vienen desplegando.  Retomar las aspiraciones de vida digna y vida buena de las personas que, a propósito de la pandemia del COVID 19 y todas las falencias del sistema económico, hoy están en el foco de la atención social. Luego de años y años de políticas públicas para atender las problemáticas sociales, la desigualdad no sólo se mantiene, sino que ha revelado vulnerabilidades en muchos aspectos de la vida humana.

Los programas que pretendían atender la pobreza y sus circunstancias han sostenido una generación tras otra de excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Para Fantova (2020), se constata una situación crítica para las políticas públicas por “el insostenible desajuste sistémico entre ellas y la sociedad que han contribuido a forjar” y que han seguido manteniendo en el mismo lugar de siempre.  Esto lleva al cuestionamiento de un modelo que centraliza sobremanera lo económico por sobre la vida de la gente y cuyos resultados son excluyentes, tanto a nivel de la existencia humana como de la relación individuos y ambiente.

La injusticia social y la insostenibilidad ecológica presentes en el mundo actual reclaman la construcción colectiva de nuevas formas de abordar el problema, que posibilite a toda la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un entorno sostenible (Bonil, Sanmartí y Otros, 2004).

Nuevos sujetos han sido reconocidos en el escenario de las políticas sociales junto con sus problemas de estigmatización, de exclusión, de injusticia: adultos mayores, familias diversas, mujeres víctimas de violencia de género. Las mujeres exigiendo derechos igualitarios. Los jóvenes reclamando democracia y participación. La economía de los pequeños productores sosteniendo el pan llevar de la vida cotidiana.  Grupos que antes no eran visibles, como personas con discapacidad, gays, indígenas, afrodescendientes, están demandando sus derechos y tienen presencia en la sociedad como colectividades. Trabajo Social tiene que promover el respeto a la diversidad y fortalecer esas identidades que muestran la cultura y los modos de vida distintos (Carballeda,2012). Estos grupos y sus circunstancias requieren de las instituciones una atención a sus necesidades: una “dignidad mínima” (Benjamin, citado por Pfeiffer, 2009).

   Así cuando hablamos de dignidad humana hacemos referencia a la asunción de dos sentidos a propósito de este concepto: el sentido que enaltece al humano frente a los demás seres de la naturaleza facultándolo para que los utilice como recursos (o medios) para sostener su vida; y, el que empuja a un tratamiento específico de respeto e igualdad entre los mismos hombres... (Pfeiffer, 2009).

La pandemia del COVID-19 ha revelado la fragilidad del sistema a través de las instituciones de protección social para atender a la gente: Son “precarias las condiciones de calidad de la oferta o estructura de oportunidades… (nos) exige poner atención en la estructura de prestaciones de los servicios sociales y sus niveles de calidad” (Matus, 2015). Esas instituciones manifiestan la disposición para atender las necesidades que impone la economía, centrada en la acumulación económica o en la política.

Asumir la centralidad de lo social (Evangelista, 2019) tiene como desafío generar una nueva institucionalidad y una nueva relación con los sujetos sociales. Esto implica cambio de reglas, cambio de políticas, revisión de los territorios, respuestas inclusivas, equitativas e integrales para la diversidad de sujetos (Huamán, 2020), sin desconocer lo económico, político, cultural. Los sujetos y sus circunstancias, al centro de cualquier debate y propuesta, la consideración de los movimientos, las organizaciones, los espacios que no tuvieron y aun no tienen voz.

Si como dice Evangelista (2020), asumir lo social como central implica la confluencia de actores y sus realidades, tenemos una nueva noción de la acción pública, con intervención de otros actores: las distintas instancias del Estado y la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, todos pueden intervenir con sus propias propuestas y programas, todos deben actuar como alternativa a la tradicional presencia del Estado como único tomador de decisiones y garante del bienestar.

En esa orientación, Serafini (2020) plantea que la reproducción social y la sostenibilidad de la vida tendrían que ser el centro de la acción. Y si de una nueva manera de intervenir se trata, habrá que trabajar datos que ya no se enfoquen en los promedios, sino que incorporen la mediana, que es donde se concentran los casos (CEPAL, citado por Huamán, 2020). Para Cortez-Monroy y Matus (2015), se trata de resistir las fórmulas de fragmentación de lo social y esa actitud debe llevar a dar cuenta no sólo de los problemas sino de las fallas del sistema para resolverlos, de esa manera, renovar las formas de trabajar lo social porque “la mayoría de las evaluaciones todavía se centran en una medición de la demanda que requiere evaluar su impacto”. La evidencia así vista cobraría sentido.

Del mismo modo, una ausencia importante en las políticas públicas, son las políticas del cuidado, siendo principalmente mujeres en un 85% en américa latina, según informa Serafini (2020) y en el Perú, menos del 60% de personas mayores de 65 años recibe pensión, según el ministro de economía Waldo Mendoza (2021).  El derecho a recibir cuidados de calidad para personas por salud o por edad y el derecho de quienes son cuidadores remunerados y no remunerados no tienen un marco político de protección económica y social como responsabilidad pública que permita a los/as cuidadores a una diversidad de prestaciones de apoyo o compensación. El peso enorme del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la vida de las mujeres es la consecuencia de lo que se define como la injusta organización social del cuidado. Esto refiere a la desigual distribución de responsabilidades por un lado entre Estado, mercado, hogares y comunidad, y por el otro entre varones y mujeres. (Rodríguez, 2018). Tiene sentido lo que plantea Serafini, porque si la sostenibilidad de la vida es precaria en el presente, es imposible pensar en un desarrollo que asegure la atención de las necesidades de futuras generaciones y esa precariedad en el ejercicio de este derecho es histórica. Procesos de inseguridad, incertidumbre y falta de garantías para las condiciones de vida muestran que la reproducción social no es, aún, el centro de las políticas sociales.

En otra dimensión, la desigualdad aplicada al territorio, al espacio que ocupa una comunidad humana y sus relaciones con el entorno físico, social, cultural y político. Las características de nuestras sociedades latinoamericanas han llevado a los pobres a poblar las zonas áridas y agrestes de las ciudades, sin servicios públicos dignos, sin seguridad ciudadana, con infraestructura autoconstruida y en franca subvaloración del espacio territorial. Convivimos con las desigualdades, tanto, que pasan a ser consideradas como una condición natural en la percepción de las personas. Estas condiciones, dice Quinteros (2020), arrastradas por siglos, muestran la desigualdad histórica entre ricos y pobres y la indiferencia de los gobiernos por impulsar un desarrollo territorial o regional equilibrado y justo. Para enfrentar estas desigualdades, añade Quinteros, deben tomarse en cuenta en cada ámbito territorial, los niveles diferenciados del poder de decisión, los alcances reales de la descentralización y el nivel de participación de la ciudadanía en los asuntos de política pública.

Una gran dificultad para la acción de las políticas públicas es la segmentación de lo social que aparece desde su concepción. Pero, así la intención de la acción pública fuera la integralidad de sus políticas, será muy difícil su efectividad si aún hoy seguimos pensando en la pobreza, como vulnerabilidad de las personas y no en la desigualdad como expresión de las fallas del modelo económico, “asociada a procesos de explotación y acaparamiento de oportunidades” (Reygadas, citado por Pereyra, 2017). A nivel de la intervención, consideremos también las amenazas que atentan contra la acción efectiva: a pesar que desde los programas sociales, la atención de las personas vulnerables toma mucho de la atención del Trabajo Social y de la actual perspectiva de las políticas públicas, la defensa a ultranza de espacios y funciones consideradas propias por las distintas profesiones que intervienen en lo social desarticula cualquier acción concertada. Cada una defiende su “espacio” particular, con lo cual terminan atendiendo al árbol y desatendiendo al bosque. Esa situación que se observa actualmente, pone la defensa del espacio laboral como inmediato y necesario, pero descuida la visión estratégica, en la que interdisciplinariedad y transdiciplinariedad juegan un papel importante hoy. Resolver las fallas y vacíos del sistema no puede lograrse con una visión unidisciplinar que impide llegar a la efectividad.

 

4.2 Hacia nuevas maneras de abordar lo social

Poner lo social como centro de la acción requiere efectivamente verlo en su complejidad. Pasar de la visión parcelar a una transdisciplinar, articulando la información que proviene de distintas vertientes del conocimiento y del mundo global, incorporando tanto evidencias como saberes. Sin tener todas las respuestas sino más bien constatando la incertidumbre, que permita integrar las ciencias y la vida y renueve efectivamente la manera binaria de pensar entre una o la otra. Implica diálogo entre sociedad y naturaleza. Ambiente y entorno territorial toman especial interés para la vida presente y futura. Se trata de una manera distinta de pensar (Bonil, Sanmartí y Otros, 2004). 

En ese camino, estos autores también observan replantear la manera de ubicarnos en el mundo y de actuar en él. Apuestan, en lo primero, por el “ambio-bio-centrismo”, un término extraño pero necesario que engloba una visión holística del desarrollo que considera al individuo-ambiente como una unidad y centro de lo social. Implica cambiar las formas de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas, defendiendo la autonomía, la responsabilidad y la solidaridad. En esa línea, Serafini (2020) se pregunta críticamente si la normalidad después de la pandemia será volver a reactivar la economía con autoempleo y bajos niveles de protección social como hasta hoy; y si hay forma de lograr la sostenibilidad para algún país ahorrando en el gasto social y depredando el ambiente, como hasta hoy. Huamán (2020) también es enfática al señalar que la ruta de crecimiento económico que hemos seguido ha demostrado no ser suficiente, le sirve a pocos y la mayoría de la población continúa excluida, amarrada a políticas asistencialistas, normalizando las asimetrías existentes y la denominación que la califica hasta el fin de sus días como vulnerable, expuesta a daños y digna de apoyo público, continuando la escalada de la desigualdad.

Como correlato de todo lo anterior, se precisa una nueva forma de actuar. Con una visión creativa y activa de la vida, con una ética pública ligada a valores humanos de convivencia y acción ciudadana, la responsabilidad individual y colectiva de todos los actores toma predominancia. Se trata de una ética de mínimos, socialmente razonable, que parte del desarrollo de capacidades de la gente sí, pero para generar su autodependencia en una interacción digna con los demás y un cambio en las reglas de juego estructurales. Reygadas (2004) dice que “si la desigualdad tiene muchas caras, muchas aristas y muchas dimensiones, la búsqueda de la igualdad también es multifacética y tiene que desplegarse por diversas rutas”, por eso propone que las acciones deban darse en tres ámbitos:

a. El espacio micro social para desarrollar capacidades en sectores históricamente excluidos.

b. El espacio intermedio, que elimine mecanismos de discriminación y privilegios a determinados grupos sobre otros.

c. El espacio macro social, para transformar los mecanismos más amplios de cargas y beneficios

Agregamos que estos espacios son antiguos conocidos del Trabajo Social, ya que desde la perspectiva ecológica nuestra intervención tiene experiencia ejecutando programas sociales, con sus propios métodos y metodologías de abordaje de lo social a nivel micro y meso y en el nivel macro, identificando las normativas y sus consiguientes estrategias de acción. La perspectiva ecológica permite analizar y evaluar los riesgos a la vez que las condiciones y capacidades resilientes de cada uno de los niveles, articulando las políticas, las acciones y las propuestas entre ellos. Refuerza también el papel de colaboración, capacitación, mediación, defensa, facilitación, orientación y organización (Payne, citado en Villalba, 2004). Es decir, nuestra profesión se encuentra en una posición privilegiada para participar y generar acciones rigurosas de investigación, de intervención, de incidencia y de articulación de esfuerzos que contribuyan a entender la centralidad de lo social para contribuir con la erradicación de la desigualdad.

Por todo lo anterior, reafirmamos lo planteado en el CELATS varios años atrás, aún pendiente y, por lo mismo, vigente: “el cuestionamiento a las políticas públicas, entendidas como un cuerpo de normas y decisiones del Estado para el conjunto social, con capacidad de ejecutarlas y asegurar su cumplimiento, parte de la fragilidad de sus bases de sustento económico, de su desarticulación en políticas sectoriales y de su incapacidad para generar legitimidad…es necesario intervenir en ella para la configuración de nuevas políticas sociales, situar en un desafío la modificación de aquellos factores que orientan el gasto público, las inversiones y el producto social… Las oportunidades para generar otras formas organizativas están abiertas, son aquellos espacios que se gestaron por fuera del estado y en aquellos otros que, dentro del Estado buscan incorporar la presencia ciudadana”. (CELATS, 1991).

 

5. Conclusiones

a) En un contexto de pandemia mundial los diálogos de política en el CELATS han ampliado su abordaje a toda América Latina encontrando en el agravamiento de la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad un común denominador para toda la región.

b) Los avances para reducir la pobreza y la desigualdad en toda América Latina a lo largo de estas dos décadas han sido cambios frágiles, cuyos efectos se han desplomado en pocos meses de irrupción de la pandemia del COVID-19.

c) La crisis ha llevado a un serio cuestionamiento de la eficacia de programas y políticas de lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad aplicados en América Latina, motivando a la discusión de nuevos enfoques y políticas para una nueva normalidad.

d) La pandemia ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad de ampliar los conceptos tradicionales de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad; así como las metodologías de medición.

e) Es necesario mirar la pobreza de manera multidimensional como una condición individual y colectiva vinculada al entorno social incluyendo otros aspectos que no están considerados en las métricas.

f) La vulnerabilidad es un concepto potente para entender las fragilidades individuales y colectivas frente a los riesgos y amenazas, pero es limitante cuando se traslada el peso de esta condición a los individuos y no al sistema que genera las vulnerabilidades.

g) Las políticas públicas deben garantizar el desarrollo integral de las personas, por lo que tienen que replantear sus enfoques hacia un desarrollo social y económico sostenible, vida en democracia y con paz; objetivos que comprometen a todos los sectores en su conjunto (públicos y privados) y a la sociedad civil en su conjunto.

h) Es necesario dar contenido a lo que implica una resignificación de lo social. La presencia de todos los involucrados y sus realidades, y no sólo del Estado, presentan el reto de generar pisos mínimos de acción pública en términos de condiciones de protección de la vida:

  1. Proteger tanto las necesidades básicas como los servicios básicos universales;
  2. Potenciar el ser de las personas desde una vida mínimamente digna;
  3. Dar cuenta de las fallas del sistema para resolver las carencias que las nuevas condiciones generadas por la pandemia han producido;
  4. Conectarse a las agendas del desarrollo para actuar en consonancia con la inclusión y la sostenibilidad;
  5. Reconocer las desigualdades transversales conectadas al territorio y sus relaciones con el entorno físico, social, cultural y político;
  6. Garantizar el ejercicio de derechos en la distribución de capacidades y recursos, en las pautas de las relaciones sociales y de poder y en el acceso al conocimiento.


6. Bibliografía y referencias

 

[1] Las reflexiones que generaron este documento fueron trabajadas colaborativamente entre las integrantes de la Comisión de Comunicaciones del CENTRO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL – CELATS. Documento de propiedad del CELATS, 2021.
[2]Teresa Viviano Llave y Leticia Cáceres Cedrón, asociadas CELATS, integrantes de la Comisión de Comunicaciones.
[3] https://www.cepal.org/es/noticias/alicia-barcena-llama-la-construccion-un-nuevo-pacto-social-que-garantice-la-proteccion
[4] Estadística sobre covid-19 de  https://gisanddata.maps.arcgis.com/6
[5] Diario Gestión Economía: “El 75% de limeños más pobres perdió su empleo por una cuarentena que afectó solo al 6% de los más ricos recuperado de https://gestion.pe/economia/coronavirus-el-75-de-limenos-mas-pobres-perdio-su-empleo-por-una-cuarentena-que-afecto-solo-al-6-de-los-mas-ricos-nndc-noticia/ el 02 octubre 2020.
[6] Diario de las Américas, Perú reporta deserción escolar de 300.000 estudiantes recuperado de https://www.diariolasamericas.com/america-latina/peru-reporta-desercion-escolar-300000-estudiantes-n4207305 el 02 octubre 2020
[7] Perú en cifras: https://www.inei.gob.pe/