Niñas, niños y adolescentes ¿protegidos?

Pareciera una pregunta absurda, pero es una interrogante a la que debemos enfrentar.

Niñas, niños y adolescentes – NNA, deberían estar protegidos en su hogar, la escuela, su comunidad, con un estado que cumpla en implementar las políticas públicas con la asignación de recursos suficientes, con el objetivo de lograr el bienestar integral de la niñez y adolescencia. La realidad nos dice lo contrario, en ninguno de estos espacios se está protegiendo a nuestros NNA, quienes enfrentan vulneraciones a sus derechos de manera permanente; la violencia a la que se enfrentan es preocupante; en ella se están gestando futuras personas que, en algunos casos, van a repetir el círculo de violencia a nuevas generaciones.

Recogiendo los aportes de Johan Galtung sobre la violencia, entendida como “afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible. Las amenazas de violencia son también violencia” (Galtung, 2003, citado por Magallón 2005, p.4)[1]. Clasifica la violencia en distintos tipos: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural.

Violencia directa

La violencia directa es la evidente, se ejerce contra los derechos de sobrevivencia, de identidad, de bienestar y de libertad. En el caso del Perú hay cerca de 10.4 millones de niñas, niños y adolescentes, de las cuales el 50.9% varones y el 49.1% mujeres (INEI 2016). La violencia se manifiesta en:

  • Embarazo adolescente. La información de los Indicadores de genero del INEI (2017) la tasa de madres adolescentes o embarazadas por primera vez es del 13.7, las regiones con mayor tasa son Amazonas (23.8%), Loreto (30.4), San Martin (20%), Ucayali (23.1%) y en Lima (10%). Cada día cuatro niñas menores de 15 años acuden al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) del recién nacido.
  • Castigo físico y humillante. La Defensoría del Pueblo (2018) indica, según la ENDES 2017, el 10,8% de madres y el 10,0% de padres utilizan golpes para castigar a sus hijos e hijas de 1 a 5 años de edad, y durante esta edad es la madre quien corrige con mayor frecuencia (93,2%) y el 12,9% de madres y el 8,3% de padres usan palmadas como formas de castigo.
  • Violencia psicológica. Los registros de los Centros Emergencia Mujer (CEM), arrojan que entre enero y abril del 2018 se han atendido 5 860 casos de violencia psicológica.
  • Violencia física. Los CEM en el primer trimestre del 2018 han atendido 3 981 casos de violencia física contra niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar.
  • Violencia sexual, desde el año 2012 hasta setiembre del 2017, 28 140 casos de NNA han sido atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y solo de enero a setiembre de 2017 se han atendido 4 442 casos.
  • Violencia en la escuela. El reporte de la Defensoría del Pueblo (2018)[2] indica, desde el año 2013, las IE de gestión pública registraron en el SíseVe más casos que las de gestión privada. Las IE públicas registraron 7 962 casos de acoso escolar y 6 242 de violencia de personal de IE en agravio de estudiantes; y las IE privadas, 1 606 y 1 054, respectivamente. También es preocupante el número de casos registrados por violencia sexual ejercida por personal de la IE en agravio de estudiantes. De los casos registrados por las IE públicas en el SíseVe, entre los años 2015 a 2017, dicha forma de violencia representó el 8.3% (263), 11,3% (523) y 11% (484) del total.

Este panorama nos demuestra que la violencia directa a nuestros NNA se da en los espacios del hogar y la escuela, donde supuestamente debería estar más protegidos.

Violencia estructural

Según Galtung (2003) esta violencia se vincula a lo económico. En ese contexto, “las relaciones de género, social y culturalmente construidas, forman parte de este tipo de violencia estructural institucionalizada, aceptada socialmente, con efectos profundos, en muchos casos invisibles, no evidentes de manera directa, en las potencialidades y en el bienestar humano” (Ramos, 2003, p. 311). Alguna de las formas de este tipo de violencia estaría relacionada a la violencia de género, al desigual acceso a los servicios de salud, vivienda y educación de NNA, en condiciones de pobreza y desigualdad.

  • De acuerdo al informe trimestral del INEI (2018) el 54,5% de los hogares tiene entre sus miembros al menos una persona menor de 18 años, el 76,9% son hijas y/o hijos de la jefa o jefe del hogar, el 19,8% son nietas o nietos y el 3,3% son otros parientes. En el 32,9% de estos hogares, existe al menos un menor de 18 años de edad con déficit calórico. Cuentan con algún tipo de seguro de salud, el 56,4% acceden solo al Seguro Integral de Salud (SIS), y el 23,1% solo a EsSalud. El 69,6% viven en casa propia; mientras que el 30,4% en viviendas alquiladas o cedidas u otra forma. El 89,1% de las viviendas tienen acceso al servicio de agua por red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio y pilón de uso público; el 80,1% de hogares con servicio de desagüe a través de la red pública (dentro y fuera de la vivienda) y pozo séptico, y el 95,3% tienen energía eléctrica por red pública.
  • INEI (2017)[3] la tasa de conclusión primaria en edad normativa, el promedio nacional es de 73.5% mujeres y 72.5% hombres. Para el caso de conclusión de la secundaria[4], el 72.9% culmina, el 80% en la zona urbana (84.7% femenino y 75.5% masculino) y 51.9% en zona rurales (53.1% femenino y 51% masculino). En ESCALE (2018)[5] respecto al logro de aprendizajes (2do. Grado de primaria), en comprensión de textos logran el 46.4% (49% femenino y 43.9% masculino) siendo en el área rural lo más bajo (16.5%). Respecto a la comprensión en matemática, el 34.1% es el promedio nacional (32.7% femenino y 35.4% masculino) en el área rural llega al 17.3%. El logro de aprendizaje en segundo grado de secundaria es más preocupante, en comprensión de textos llega solo a un 14.3% (16% femenino y 12.6% masculino) y en el área rural llega al 2%; para el caso de matemática el 10.2% femenino y el 12.8% masculino siendo en el área rural 2.5%. Tenemos pues que en el área rural la mayor desventaja, se refuerza la situación de pobreza de esta población.
  • En el informe de UNICEF (2017 - 2021) se menciona que en las regiones de Loreto, San Martin, Amazonas, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, son aquellas en donde niñas, niños y adolescentes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos.
  • Para el caso de acceso al servicio de salud diferenciados para la atención integral a adolescentes, de acuerdo al Informe de Adjuntía (2018) [6] que realizó una supervisión a 91 establecimientos de salud, entre sus conclusiones, menciona: la salud sexual y salud reproductiva es un derecho humano. Existe una norma técnica de Atención Integral de la Salud en la Etapa de Vida Adolescente, N° 034-MINSA/DGSP-V.02, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 973-2012/MINSA. Han atendido 50,3% (5271) de la población adolescente atendida son mujeres, el 49,3% (5109) hombres y un 0,37% (38) se reconoce como población LGTBI. La edad mínima fluctúa entre los 8 y 29 años de edad. El 66.6% de establecimientos de primer nivel de atención, no cuenta con espacios multifuncionales implementados, cuentan con equipo humano básico del cual el 22.2% no recibieron capacitación. Para los establecimientos de segundo nivel de atención, el 41.2% no cuenta con ambientes exclusivos de atención; el 46.3% atiende entre 1 a 3 días a la semana; el 36.3% de su personal no ha sido capacitado

Respecto a acceso a la información, servicios y metodologías anticonceptivas temporales la norma indica que no requiere de acompañamiento de una persona mayor, pero un 25.3% si la exige. Respecto a las acciones de prevención de ITS y embarazo temprano, el 35,1% de las y los profesionales entrevistados señala que se brinda información sobre salud sexual y salud reproductiva y anticoncepción en la primera visita; un 27,5% lo hace en la tercera visita; y, un 31,9% refiere que lo hace dependiendo de la necesidad del adolescente. EL 92.3% de los establecimientos realizan actividades de promoción de la SSR en las instituciones educativas, aunque existe un 19.1% que carece de materiales y equipos para esa labor.

La violencia estructural es el reflejo del modelo económico en el que vivimos, que mantiene la situación de pobreza, en énfasis en el área rural, manteniéndose el desarrollo desigual de la población. El acceso a los servicios básicos, vivienda, educación y salud, aún son poco equitativos e inoportunos.

Violencia cultural

Es la que tiene un carácter simbólico y perdura en el tiempo. Galtung (2003), cumple la función de legitimar a las otras dos formas de violencia: la violencia directa y la violencia estructural. Tenemos entonces que en este tipo de violencia se legitimiza los roles, estereotipos y mitos que se transmiten a NNA respecto al papel de la mujer y del hombre en la sociedad. A la mujer se le asigna el papel reproductor, el mundo familiar del cuidado, por otro lado, a los varones, se les reconoce capacidades para regirse en el mundo público de la ciencia, de la política y el arte, con mayor prestigio y reconocimiento social. Bordieu señala, que la diferencia entre los sexos tiene el carácter de una institución que marca tanto lo objetivo de las estructuras sociales como lo subjetivo de las estructuras mentales a tal punto que el dominio masculino no necesita justificarse, ya que se expresa a todo nivel y se refuerza permanente a través de las costumbres y los discursos.[7]

Es en este escenario que NNA son formados y desprotegidos. Ante esta situación, nos toca seguir profundizando el análisis de la situación, es allí la importancia del uso del enfoque o perspectiva de género, UNICEF Argentina (2017) categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad.[8]

Posibles rutas a seguir y sus desafíos

Una forma de prevenir los tipos de violencia, directa y cultural, es implementar un modelo educativo que plantee políticas para una educación liberadora que permita aprender a lo largo de toda la vida, que tome en cuenta que, aprender sobre sexualidad, es un derecho humano que se va adecuando en cada etapa de la vida de las personas en su interacción con las otras personas.

Educación liberadora

Parte de la premisa que el ser humano es educable y que la educación es el medio para hacerlo. La educación se va adecuando a las necesidades del desarrollo de la sociedad en un permanente proceso de transformación.

En el pensamiento de Paulo Freire, todo acto educativo es eminentemente un hecho político, y que, consecuentemente, los maestros no realizan un trabajo objetivo, sino que cada una de sus acciones están eminentemente ligadas a un proyecto ideológico, cualquiera que éste sea. En consecuencia, la política educativa corresponde a un modelo económico de país.

También menciona "los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta, no ya como una realidad estática, sino como una realidad en transformación, en proceso. ... La tendencia entonces, tanto del educador-educando como la del educando-educador, es la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción: pensarse a sí mismo y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la acción”. (Freire, 2003: 43). “Es cierto que las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor, para hacerlo menos injusto, pero partiendo de la realidad concreta a la que llegan en su generación, y no fundadas o fundados en devaneos, sueños falsos sin raíces, puras ilusiones”. (Freire, 2001: 64).

Por tanto, se propone que un modelo educativo liberador debería desarrollar competencias para ser una persona libre con responsabilidad con los otros y su entorno. Superar la concepción de que la finalidad de la educación es preparar para la vida adulta y el mundo del trabajo, sino también para aprender a vivir juntos, vivir con los demás, convivir y, sobre todo, aprender a ser. Para ello, debería tener en cuenta que no vivimos solos, que estamos en permanente interacción, que esa relación se da en un momento histórico que debe ser analizado, comprendido, reflexionado para transformarlo, para mejorarlo para el bien de todas las personas y de la naturaleza que la rodea. Esta acción transformadora permite desterrar mitos, estereotipos y desigualdades, entre ellas, las relaciones inequitativas entre mujeres y hombres.

Para ello, se requiere de educadores (Savater, 1997: 42) cuyo pensamiento sólo gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos por la realidad y, por ende, en la intercomunicación. Se trata de pensar a un educador como un intelectual. (Giroux, 1997). Un intelectual comprometido consigo mismo y con los demás, un educador que conciba al ser humano como inacabado, en constante renovación. El educador ya no es sólo aquel que educa, sino también aquel que es educado por el educando en el proceso de educación (Freire: 1998) a través del diálogo que se sostiene.

Hay un cambio fundamental en la relación educando – educador, ambos se convierten en un binomio, comprometidos a interactuar, a desarrollar un dialogo reflexivo, intercambiando información, apropiándose de la realidad para transformarla por el bien común, de humanizar al ser humano.

También hay que reconocer, que el educador no es el único que transmite información, sino también se debe considerar los otros espacios donde las personas interactúan: la casa, el trabajo, la escuela, el barrio, con el juego, leyendo y escribiendo, compartiendo con otros, participando en la vida comunal, el aprendizaje ya no es un acto solo de adquisición de conocimientos, si no de comprensión y entendimiento de estos, para la búsqueda del bienestar y el desarrollo humano, ya no es el resultado de la transmisión de la información sino una construcción social, que se fortalece y se articula en todos los espacios donde las personas se relacionan, para ejercer su ciudadanía.

Educación para la sexualidad

Si las personas aprendemos interactuando con otras personas, es en esa interacción que aprendemos también sobre nuestra sexualidad, en la que se transmite información válida, pero también mitos y estereotipos que se transformar en miedos y actos de discriminación y fobia hacia los otros que “no piensan ni sientes como yo”. Es importante superar la concepción biológica relacionada a la sexualidad para entenderla como el conjunto de características biológicas, psicológicas, socio político e histórico, ético filosófico, jurídico y socio cultural, que nos permite comprender al mundo para vivirlo y expresarlo a través de sentimientos, emociones y percepciones en la interacción entre hombres y mujeres.