El Trabajo Social, sin duda, es una de las carreras que más desafíos significativos evidencia cuando implica su compromiso con la promoción, la educación permanente y la organización de las mujeres andinas e indígenas. El presente artículo, reflexiona sobre el aporte del Trabajo Social en la protección de los derechos humanos de las poblaciones rurales, en este caso con las mujeres de la Región Nor Andina del Perú, que comprende a la Provincia de Huancabamba y ceja de selva en frontera con Ecuador (departamento y Región Piura).

Una de las cuestiones que destacaría es cómo, desde el enfoque del Trabajo Social, en mi trayectoria por las diversas zonas del territorio Sur Andino, Centro y Nor Andino del Perú, experimenté y vivencié con una mirada crítica la huella dejada por las opresiones múltiples, de carácter social, económico, político y medioambiental, en las vidas, cuerpos y mentes de las mujeres andinas e indígenas. Esta mirada no habría sido posible si no hubiera puesto en valor mis raíces y orígenes andinos, los cuales permitieron que mi conocimiento académico se consolide con un conocimiento situado posibilitador de una mayor comprensión y visibilización de la Historia y Cultura de las Mujeres Huarinjenas y Capullanas.

Los acontecimientos sociales y políticos de los años 60 y comienzos de los 70 acontecidos en el Perú, motivaron que al culminar mis estudios de Trabajo Social decidiera emprender mi carrera profesional hacia el análisis del quehacer de las comunidades andinas ubicadas en la Sierra Norte de Lima (Provincia de Canta, 1972). Durante seis años de promoción  e investigación social , tuve la valiosa oportunidad de observar y evidenciar de manera directa el proceso de Restructuración de tenencia y propiedad de la tierra de las comunidades, auspiciada por la Reforma Agraria del Gobierno Militar del general Juan Velasco Alvarado (1968).

Esta primera experiencia de Trabajo Social me permitió analizar y sistematizar el comportamiento tradicional de la Justicia Agraria del Perú, donde el juez de tierras, funcionarios del gobierno de turno y del poder local hacían alianza para dejar sin efecto la prometida “subida del juez hasta la Comunidad que reclamaba Justicia”. Posteriormente, entre los años 1979 y 1993, complementé mi visión sobre la realidad campesina al ubicarme en el Altiplano Puneño, donde las comunidades aymaras y quechuas, como parte del movimiento campesino del sur Andino y nacional, participaban en las tomas de tierras que no habían sido bien administradas por los técnicos de la Reforma Agraria, luego de expropiarlas a los hacendados.

Durante este proceso, como trabajadora social, alcanzo a identificar y comprender el gran valor político, económico, histórico y cultural que tienen las mujeres quechuas y aymaras de Puno. Su quehacer cotidiano en trabajos productivos y reproductivos, en su chacras y hogares, así como en los mercados de intercambio local, me permitieron establecer un diálogo horizontal y una acción participativa conjunta con ellas para motivar y consolidar la organización de los Comités de Mujeres Aymaras y Quechuas „8 de marzo” que dieron forma en 1985 a la Federación Departamental de Mujeres de Puno.

Con las experiencias de Canta y Puno, encaminé mi experiencia en 1988 hacia la Región Nor Andina, reencontrándome con mis raíces en la provincia de Huancabamba y mi comunidad de origen, Quispampa, donde el impacto de la violencia política y de género, durante los 10 años de dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), afectaron de manera cruenta a las mujeres, dirigentes y dirigentes de Comunidades y Rondas Campesinas. En Huancabamba, junto a las mujeres huancabambinas organizadas, dimos impulso al Programa de Educación Permanente de Mujeres y Jóvenes Andinas, el cual, desde la perspectiva de género, enfoque de derechos e interseccionalidad, ha sido un proceso de promoción social destinado a favorecer y fortalecer las autonomías física, política, social y económicas de las mujeres descendientes de Capullanas y Huarinjeñas.

Desde mi experiencia vital como Trabajadora Social, pude comprender que la profesión tiene un potencial fundamental que posibilita no sólo a analizar, sino también evidenciar y transformar el sistema encubierto de estrategias de sobrevivencia y paternalismo gubernamental que tradicionalmente han acostumbrado a las poblaciones andinas y urbano marginales a recibir las donaciones de alimentos, apoyos dinerarios y otros subsidios a través de Programas Sociales que fortalecidos entre el 2001 al 2015, influyeron en el olvido de la práctica comunitaria o de ayuda mutua. 

El embate del terrorismo y la dictadura crearon espacios propicios para el silencio y complicidad o doble discurso. La gestión gubernamental sintonizaba con el libre mercado y la modernidad bajo la creencia de que se superaría la pobreza y la extrema pobreza. Así, se tejieron las redes ilícitas de corrupción y de opresión que envolvieron la Sociedad, sin que la población lo advirtiera. Una evidencia de esta opresión se observó entre 1994 y el 2000, donde la política de control de población fue una clara política de combate a la pobreza, a través de deshacerse de un excedente de población, la población indígena. Se diseñó y ejecutó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que como política de Estado, lograría, según Fujimori, que las mujeres peruanas, fueran dueñas de su destino (1996-2000). Nada más contrario a esta afirmación.

Sólo unas pocas organizaciones de derechos humanos de las mujeres y activistas feministas, evidenciamos el gran despliegue de recursos -que debieron invertirse desde el MINSA y Gobierno Central-, volcados hacia la organización de las Ferias Locales y Regionales de Salud, las que llevaban a grupos médicos hasta las capitales de departamentos, Provincias o Distritos, apareciendo como si por fin el gobiernos se acordaba de la salud pública de la población, sobre todo de las mujeres. En realidad, en estos grandes operativos, quedaron ocultos el por qué y cómo resultaron las mujeres esterilizadas sin su consentimiento. Fueron mujeres de los pueblos andinos, amazónicos y de zonas periféricas de algunas ciudades. En 1998 lo denunció la Dra. Giulia Tamayo León, luego de su Investigación en Huancabamba y Cusco . Más de 300 000 mujeres peruanas fueron esterilizadas contra su voluntad.

El trabajo social desarrollado en Huancabamba, desde el análisis interseccional, nos permitió evidenciar cómo las opresiones múltiples que impactaron en las relaciones humanas, sociales, económicas, políticas y de género hacen necesaria una respuesta eficaz a la complejidad de la aplicación de esta política de Estado en contextos diversos. Además, permiten revalorar y hacer visibles las estrategias de resistencia de las comunidades andinas, sobre todo de las mujeres, frente a las violencias, a la violación a sus derechos humanos y a sus derechos Sexuales y Reproductivos, las cuales son imprescindibles tomar en cuenta en el diseño e implementación de las políticas públicas. Y es aquí donde el enfoque de trabajo social, toma forma práctica, cuando contribuyó en Huancabamba a fortalecer la organización de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, asumirlas como mujeres valerosas no es su condición de víctimas que revictimizan su accionar, y acompañar su demanda de verdad, justicia y reparación, fortaleciendo su capacidad de incidencia política, su presencia pública con voz propia y haciendo visible su agenda política ante la ciudadanía y el Estado.

Como trabajadora social ha sido fundamental asumir como un criterio ético la imprescindible necesidad de contribuir a superar las violencias, vengan de donde vengan. Veinte años de trayectoria profesional no han sido en vano en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. En el caso de las esterilizaciones forzadas, desde que los primeros hallazgos que se empezaron a conocer y los infructuosos procesos de investigación, de cierres y aperturas fiscales que dilataron y archivaron el proceso de Verdad, Justicia y Reparación por parte del Ministerio Publico, mi compromiso desde el Trabajo Social ha sido significativo para motivar la toma de conciencia sobre este delito de lesa humanidad. Actualmente, las mujeres no cesan en su anhelo de alcanzar justicia y reparación, y desde diferentes localidades y regiones se han unido, conformando una organización nacional de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, proceso en el cual he tenido la valiosa oportunidad de participar. 

Cuando hago un balance de mi trayectoria como trabajadora social, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, me queda la satisfacción de haber dado sentido desde la teoría y la práctica a esta imprescindible disciplina académica, cuyo fin es el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento de capacidades de las personas. El Trabajo Social imprime en su ética los principios de justicia social, de promoción de los derechos humanos, de responsabilidad colectiva, de interdependencia y de valoración de la diversidad.  Puedo afirmar, sin duda, que el Trabajo Social cobra sentido si implica a las personas y las estructuras para superar los desafíos de la vida y aumentar su buen vivir. Esta es la práctica de promoción que debemos recordar siempre. Es hora de hacer proyección de nuestra profesión y su contribución a la población, más aun, en el marco de los doscientos años de Independencia Nacional que celebraremos el año 2021.


Notas a pié de página

1 Josefa Ramírez Pena: Diagnostico sobre 22 Comunidades Campesinas de la Provincia de Canta. Canteños conozcamos nuestras comunidades, Lima 1973-1977.

2 Giulia Tamayo León: „Nada Personal”, 1998.