Veamos algunas otras argumentaciones acerca del papel y del significado de las políticas sociales.

Claudia Danani (1996), trabajadora social y politóloga argentina, define con precisión a las políticas sociales como un tipo de “políticas estatales” y dentro de éstas, de sus intervenciones sociales (o intervenciones sociales del Estado). Así concebidas, las políticas sociales son constitutivas del régimen social de acumulación y encuentran su especificidad en el hecho de orientarse de manera directa a las condiciones de vida (y de reproducción de la vida) de distintos sectores y grupos sociales, operando especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso. Es decir: no en la distribución del ingreso directamente derivada del proceso de producción, por la vía de la retribución a los factores, sino por mecanismos de redistribución que se le superponen.

En este sentido, históricamente han cumplido una función reguladora de las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo.

Por su parte, Estela Grassi (2008), trabajadora social y antropóloga argentina, correctamente argumenta que “las políticas sociales expresan el modo (o los modos) como los Estados capitalistas resolvieron (de manera contingente y según formas y fórmulas siempre transitorias) la tensión que es consustancial a estas sociedades, entre el principio de la igualdad de los individuos (de donde deriva la idea moderna de ciudadanía), y la dependencia operada por la relación salarial. Principio propio del espacio político -uno-, y relación económica -la otra-”.

He afirmado, en otras ocasiones, que las políticas sociales no son solamente algunos planes y programas más o menos bien formulados, sino que son también “definiciones del problema y del sujeto destinatario”. Y no son meramente la “respuesta desde el Estado” o aquello que surge de la creatividad técnica o de las concepciones políticas de “los políticos en el gobierno”, sino también o principalmente, el resultado de la confrontación y de disputas en la sociedad (política) y en los diferentes ámbitos institucionales, en los que aquellas definiciones se redefinen constantemente más allá de su formulación en la letra de la norma o ley que la crea.

Asimismo, los cientistas sociales argentinos Susana Belmartino, Silvia Levín y Fabián Repetto (2001) afirman que las políticas sociales constituyen en las sociedades contemporáneas un instrumento irreemplazable para la producción y conservación del orden, el bienestar y la integración social.

Podría afirmarse que esta actividad del Estado tiene por finalidad la producción de las condiciones que aseguran la existencia de la sociedad misma como tal. Desde sus orígenes se la identifica con el fortalecimiento de la sociedad y la búsqueda de equilibrios y relaciones relativamente simétricas entre los sectores que la forman. En ese sentido, un determinado grado de cohesión social se vincula a determinados niveles de igualdad, (a) una calidad de vida conforme a los valores y pautas culturales dominantes, y (a) la existencia de organizaciones y redes sociales que den sustento a la práctica de la ciudadanía.

Con una mirada muy crítica, el economista argentino José Luis Coraggio (2009) cuestiona que: Los gobiernos pasan y se sigue actuando como si la política social fuera la cara pública que mira a la pobreza y atiende a los reclamos audibles de los pobres, mientras la política económica es la otra cara, la que mira a la riqueza y negocia con los ricos en silencio. Otra concepción indica que la política social y la económica deben converger en una política socioeconómica participativa, que construya una sociedad vivible y deseable. Hoy ni los pobres ni los ricos son llamados a participar ni dicen todo lo que pueden decir en la esfera pública. Unos por silenciados y chantajeados con la amenaza de situaciones aun peores, otros porque los medios hablan (o callan) por ellos y porque sus intereses son inconfesables.

… la política pública ha seguido generando una sociedad de ricos exitosos cada vez más ricos y de masas estigmatizadas de pobres y excluidos, y los sostiene juntos pero cada vez menos mezclados. La desigualdad aumenta y la pobreza estructural se reproduce y profundiza por la misma inercia de la destitución intergeneracional y la baja calidad de los bienes públicos de acceso universal.

Aunque su nombre podría inspirar otras ideas, la política social no está siendo una política que construye sociedad, sino una que hace que esta misma sociedad fatalmente desigual e injusta aguante con remiendos las tensiones de la fragmentación y las amenazas a la gobernabilidad por la latente rebelión de las mayorías sin esperanza. Su eficiencia consiste en lograrlo con el menor costo posible; otra muestra de la penetración de la lógica economicista en la política social.

Con frecuencia se suelen formular, tanto en los ámbitos académicos como en las llamadas instituciones de bienestar social, diversos interrogantes acerca del presente y del futuro de la intervención del Trabajo Social como profesión, en el diseño e implementación de las políticas sociales.

Intentaremos, entonces, acercar algunas opiniones en la perspectiva de contribuir a precisar los alcances del quehacer profesional de las y los trabajadores sociales en esta fundamental temática.

En primer término, señalamos que ahondar en la profundización teórica acerca del tema de las políticas sociales constituye una garantía estratégica para ir clarificando la ubicación, el sentido, la función que cumple el Trabajo Social al interior de la temática planteada, la identificación de los cambios (externos e internos de la disciplina) que se registran en correlato con los distintos momentos políticos, etc.

De todos modos, nos parece obvio que hay que reafirmar que el Trabajo Social es una profesión que está intrínsecamente ligada a la atención, promoción, educación, organización, de aquellos sectores sociales que padecen situaciones de privación, de carencia, de no acceso a los derechos sociales, por lo cual su accionar se despliega en el contexto de desarrollo de las políticas sociales.

Ése es su campo específico (aunque no necesariamente absoluto y excluyente), como lo es la enfermedad para los médicos; la construcción de viviendas o edificios para los arquitectos; la atención de la salud de los animales para los veterinarios; lo ligado al campo y a la tierra para los agrónomos; el funcionamiento psíquico para los psicólogos o psiquiatras; etc.

Y desde luego el diseño e implementación de las políticas sociales tiene y debe tener al Estado como su principal responsable, en tanto representante y garante del bienestar colectivo. Ello no descarta la existencia de otro tipo de acciones, encaradas por organizaciones de la sociedad civil que, por naturaleza y por magnitud, son complementarias de la actividad estatal.

Por ello es que la inserción laboral de las y los trabajadores sociales, en forma absolutamente mayoritaria, se registra en las instituciones dependientes del Estado. Conviene reafirmar -una vez más- que es y debe ser función primordial del Estado velar por el bienestar general de la población, asumir la defensa del bien común, por lo que está obligado a actuar decisivamente para remediar situaciones inadmisibles y para evitar condiciones de sufrimiento y el consiguiente deterioro de las personas.

El empleo decente (como suele mencionar la Organización Internacional del Trabajo), los salarios dignos, las políticas sociales universales y las políticas asistenciales, nos conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración y no hacia la exclusión; que tienda hacia la equidad y no hacia la injusticia social; que tienda hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la dualización de sus habitantes, con derechos marcadamente diferenciados, según pertenezcan a uno u otro sector social.

Alguna vez tendremos que comprender profundamente que la prevención -además del intrínseco contenido ético- siempre resulta más eficiente y hasta también más económica, que atender los efectos últimos de cualquier problemática, cuando la degradación y el deterioro ya han avanzado importantemente y, a menudo, se transforman en irreparables.

Posicionarse en la línea de la defensa activa de los derechos y en la lucha contra todo tipo de violencias, constituye un campo estratégico por varias razones:

• Porque fortalece y refuerza la democracia, como sistema político y social.

• Porque contribuye a la enseñanza de que otra sociedad mejor es posible.

• Porque facilita la construcción a futuro.

• Porque ayuda a combatir la desesperanza y el escepticismo, que favorecen a las posiciones más reaccionarias, opuestas a la justicia y a la equidad social.

Es la reivindicación y reclamo ante las obligaciones incumplidas por parte del Estado nacional, provincial y/o municipal lo que contribuye a la constitución de las personas como sujetos plenos de derechos.

La lucha por la defensa de los derechos de un sector de la sociedad fortalece también la defensa de los derechos del conjunto de la población. El reconocimiento de que los habitantes sin derechos no son ciudadanos abre la posibilidad de generar un impulso de activismo, en pos de la consolidación de los derechos no vigentes, y perfila la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales.

Y en el campo específico de nuestra profesión, nosotros venimos afirmando desde hace años que el trabajador social que ha perdido la capacidad de indignación y de rebeldía ante los problemas y las injusticias que padecen los sectores vulnerados, está más cerca de la esterilidad y de la enajenación que del buen desempeño profesional.

Sabemos que el Trabajo Social -como cualquier otra disciplina- no constituye una categoría abstracta, que funciona independientemente de las determinaciones histórico-sociales que se registran en tal o cual país en un período particular.

El emparentamiento del Trabajo Social con el funcionamiento y características de la sociedad en su conjunto, constituye una variable ineludible para entender el por qué, el cómo y el para qué de la profesión. De ahí que el Trabajo Social requiere ser considerado en el contexto de los procesos económicos y políticos vigentes.

Los procesos de cambio progresivo o de retroceso en las disciplinas no son un producto meramente endógeno de cada profesión. Se generan y se articulan con la dinámica social y política específica que se registra en un momento histórico determinado. Estas cuestiones estructurales son el contexto en el que se reconfigura históricamente la especificidad particular de una profesión.

Sin un proceso de cuestionamiento maduro y de construcción de propuestas alternativas, los cambios institucionales no llegarán a concretarse.

Para ello, será necesario desplegar una práctica profesional, inteligente y fundamentada, llevada a cabo en el propio ámbito específico donde se procesan y atienden las problemáticas sociales.

Es necesario volver a preguntarnos acerca de una obviedad por todos conocida: ¿con qué sectores sociales, a diario, básicamente interactuamos las y los trabajadores sociales en las instituciones y en las comunidades?

En este marco de descripción general, se engarza -como verdad de Perogrullo- otra obviedad: el relevante componente político de la práctica de los trabajadores sociales. Las y los trabajadores sociales predominantemente interactuamos con los sectores más vulnerados y expoliados de la sociedad en una suerte de metáfora gramatical. Trabajamos con los pobres, para los pobres, por los pobres, sobre los pobres, tras los pobres. Y en estas preposiciones de la gramática se encuentran también buena parte de los distintos perfilamientos políticos de la acción profesional.

Cuando hablamos de los pobres, nos referimos, en una caracterización más precisa, a población trabajadora en condiciones de pobreza, sea por que no encuentre un lugar donde trabajar o porque trabaja en condiciones que no permiten su reproducción.

Seguramente tendremos que volver a pensar, de manera serena pero firme, en la posibilidad de recreación de un Trabajo Social que permita contribuir, a partir de prácticas institucionales y comunitarias específicas, a la más amplia defensa de los derechos sociales vulnerados y a la preservación y aumento de la calidad de vida de los sectores más castigados, colaborando de este modo en la construcción de una sociedad más justa y más digna.

Finalmente, reafirmamos que la contribución a la lucha general y particular por la defensa y ampliación de los derechos humanos, en su más amplia y abarcativa acepción, debe constituir el eje medular de la práctica profesional de los trabajadores sociales.”

Fuente: Revista Trabajo Social UNAM

VI Época • Número 1 diciembre 2010, Ciudad de México 

* Este texto es parte del artículo de Norberto Alayón que ha sido seleccionado por el comite editorial de la revista Nueva Acción Crítica.

“Con frecuencia se suelen formular, tanto en los ámbitos académicos como en las llamadas instituciones de bienestar social, diversos interrogantes acerca del presente y del futuro de la intervención del Trabajo Social como profesión, en el diseño e implementación de las políticas sociales.”

 Mg. Norberto Alayón Profesor Titular Regular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina donde fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (1998-2002).
Coordinador Académico del Centro Latinoamericano de Trabajo Social – CELATS (1979-1982).
Ex Profesor de las Carreras de Trabajo Social de Posadas, Corrientes y Tandil de Argentina.
Conferencista en Congresos nacionales e internacionales. Autor de numerosos libros, capítulos de libros y artículos sobre Trabajo Social y sobre Derechos de la Infancia.