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Chile

“Si la clase dominante ha perdido el consenso, entonces no es más dirigente, sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva, lo que significa que las clases dominantes se han separado de las ideologías tradicionales, no creen más en lo que creían antes. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos” (Gramsci, 2018).

La presente no tiene intención de buscar respuestas sociológicas, ni filosóficas ni menos politológicas para dar comprensión al fenómeno que comenzó al inicio del mes de octubre del año 2019, octubre mes de memoria de la muerte de Miguel Enríquez Espinoza y del Che Guevara, y de esa alegría que nunca llegó y que menos se ganó con un lápiz.

Sucedió poco después de un alza al pasaje en el “sistema de transporte”: una masa de estudiantes secundarios, se concentraron en una estación de metro y cual corriente de esperanzas y sueños ingresaron a andenes sin pagar, sólo con el grito “Evadir, no pagar / otra forma de luchar”, era uno de aquellos gritos. Uno de los primero en responder fue el ex subsecretario Ubilla Mackenney, que expresó, “me llama la atención que el pasaje de metro no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa como una forma de protesta. Creo que no es la forma”. Y la evasión se fue prolongando y haciéndose masiva, sin temor y sin miedo como decía una frase del 05 de octubre de 1988. El devenir de los acontecimientos fue el aumento como un volcán de 30 años que reventó una y otra vez en diferentes lugares de Santiago.

Pocos minutos de acontecida la medianoche del día viernes 18 de octubre de año 2019, el presidente Piñera Echenique anunció estado de emergencia para la ciudad de Santiago, debido a violentas manifestaciones ocurridas durante ese día. La medida constitucional comprendió las provincias de Santiago y Chacabuco, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo en un primer momento, luego se fueron agregando otras ciudades y regiones de Chile. Dicho estado de emergencia y el correspondiente toque de queda se extendió hasta la medianoche del lunes 28 de octubre.

El objetivo de la aplicación de dicho estado excepcional que no se aplicaba desde 1987, fue “con el objetivo de contribuir a que Chile recupere la normalidad institucional”, con el paso de las horas y generalizando la irrupción social el presidente Piñera Echenique expresó que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada y nadie”, asimismo, el general a cargo de las operaciones en la Región Metropolitana, declaraba “soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie”.

La comentada y oligofrénica frase del presidente Sebastián Piñera señalando que “estamos en guerra” solamente crispó más el ambiente e hizo recordar los tiempos de la dictadura militar (1973-1990). En diversos espacios sociales y comunicacionales reflotaron el registro del dictador Augusto Pinochet Ugarte luego del atentado en Melocotón en septiembre de 1986 con la frase “ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia”.

Cabe señalar que, desde antes del 18 octubre, Piñera Echenique utilizó diversos conceptos que referían al estado de “oasis” de Chile y que, por ende, “había que cuidar el país”. Luego del estallido social y la revuelta popular, los conceptos usados fueron en una dicotomía, las FFAA (orden) versus la delincuencia (caos). Dado lo anterior, el presidente fue más allá y partió sus constantes alocuciones aseverando que "estamos en guerra", tal como lo hiciera Pinochet Ugarte en dictadura, aludiendo al enemigo interno como foco de la crisis. Con lo cual, externalizó una profunda crisis institucional emanada de la desigualdad del modelo socioeconómico emanado e instalado por la Dictadura Militar y luego, administrado por los diferentes gobiernos de la Concertación y de la llamada transición a la Democracia.

En ese contexto, y con el correr de los días y semanas para frenar el descontento social, resurgieron las FFAA y de Orden “controlando el orden público” con lo cual se fueron profundizando los métodos represivos, contando en la actualidad por lo menos con cerca de 460 personas con traumas oculares, totales y/o parciales, una treintena de muertos, una cifra indeterminada de detenidos en diversos procesos y recintos carcelarios sin claridad en dicha información.

Cabe indicar que, en los últimos 30 años, al menos en América Latina luego de la finalización de las Dictaduras Militares, la tensión se movió en dos tendencias antagónicas sobre los modos de ejercicio de la violencia estatal. Una, orientada a establecer una distinción clara entre seguridad y defensa y a restarle poder a las Fuerzas Armadas como actor político, como una condición para la democratización de las regiones. La segunda sigue la receta de los Estados Unidos según la cual las Fuerzas Armadas deben seguir interviniendo en temas de seguridad, porque ya no hay amenazas militares.

En los primeros 8 días de iniciado el conflicto según cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sólo en personas heridas se detallaban 1.132 y detenidos 3.243. Cabe aludir que las cifras fueron variando con la violencia de las manifestaciones que “es un derecho humano” y el control de la seguridad y el orden público fue mutando desde un primer minuto por personal de Carabineros de Chile a personal de las Fuerzas Armadas, estos últimos ampliaron aun más la situación al no estar dispuestos profesionalmente para efectuar control civil de orden y seguridad y luego, nuevamente a Carabineros de Chile.

A partir de esos hechos se puede constatar, pesquisar y evidenciar diversas violaciones a los Derechos Humanos, que son “aquellos delitos contras los Derechos fundamentales del hombre, en cuanto miembro de la humanidad, que se encuentran definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son realizadas por el Estado directa, indirecta o por omisión, al amparo de su poder único. De esta forma, el Estado anula su finalidad esencial y provoca la inexistencia del Estado de Derecho”.

En la primera semana, y los días sucesivos es dable pronunciar que agentes del Estado, particularmente Carabineros de Chile y el cuerpo denominado “Fuerzas Especiales FFEE” contraviniendo sus propios protocolos ha utilizado la fuerza de manera irracional y desproporcional.

Cabe recordar que Carabineros de Chile según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, comisión que investigo las “graves violaciones a los Derechos Humanos entre septiembre de 1973 a marzo 1990”, determinó en su informe conocido como Rettig, que dicha institución es la tercera fuerza responsable de personas fallecidas durante los años de la Dictadura Militar. Asimismo, existe cerca de un centenar de casos de denuncias por torturas constatados por médicos a estudiantes, todos menores de edad detenidos por funcionarios de Carabineros de Chile entre el año 2011 y el primer trimestre del 2016 durante manifestaciones, marchas y desalojos de establecimientos educacionales.

La violencia desmedida e inusitada del Estado contra los manifestantes se fue instalando sin contrapeso y respaldada por las autoridades administrativas del país. Según cifras oficiales al 19 de marzo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sólo en personas heridas sumaban 3.838 y acciones judiciales presentadas 1.465.

Un registro preocupante son las denuncias por torturas, violencia sexual, tocaciones y similares, recordar que Chile sólo desde noviembre del año 2016 conserva una ley que ampara y sanciona esta práctica como es la ley 20968. Debido a que el daño psicosocial a las víctimas es profundo y permanente, por tanto, la tortura y malos tratos sigue siendo una de las prácticas más aborrecibles cometidas por funcionarios públicos contra ciudadanos. A pesar de lo anterior existe una cifra cercana de 1.083 querellas por dicha práctica.

En el mismo tenor, preocupante es el uso excesivo y de forma indiscriminada de la escopeta antidisturbios, que según instructivos internos de Carabineros, “el empleo de la escopeta antidisturbios deberá será consecuencia de una aplicación necesaria legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde este en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros”. Lo que se ha traducido en cerca 1.687 personas heridas por este proyectil, agravando que cerca de 460 personas con daño ocular y que tendrán severos problemas visuales a futuro.

De igual manera, el uso y abuso de disuasivos químicos, “de acuerdo a la actitud de la manifestación se hará el uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido… el uso de los gases lacrimógenos, en cualquier de sus estados, será restringido ante la presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, y personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud”. Lo anterior, en la práctica no se ajusta, es decir, se hace un uso irracional y no gradual durante estas semanas, no olvidemos que uno de los componentes de las bombas lacrimógenas es el CS (clorobenzilideno malononitrilo). Cabe señalar que existen estudios internacionales no concluyentes sobre toxicología que dicho componente causa gastroenteritis severa con perforación, falla cardiaca y daño hepático.

Otro tema preocupante son las cifras de ingresados y atendidos por la Defensoría de la Niñez al 22 de enero del año en curso, dan el número de 602 niños, niñas y adolescentes que han sido trasgredidos en sus derechos fundamentales, entre los cuales, se pueden enunciar, detenidos, lesión por bala, lesión por perdigón / balín, traumatismo ocular, lesiones físicas y otras. Asimismo, el 90% de las denuncias es imputado a un funcionario de Carabineros de Chile.

En consecuencia, sólo si damos atención a la actuación de Carabineros de Chile, los elementos químicos disuasivos tienen un carácter restrictivo y sólo se utilizan cuando exista peligro para la integridad física de las personas. Dado que, este carácter restrictivo constantemente es transgredido por Carabineros de Chile y sus protocolos de actuación que están establecidos y normados por la Circular N° 1832 Uso de Fuerza de fecha 01 de marzo del 2019 y de la Orden N° 2635, Protocolos para el mantenimiento del orden publico de fecha 01 de marzo del 2019.

Todas estas cifras son relativas pues el acceso a la información no es eficiente, las bases de datos, la información policial y fiscalía es generalmente burocrática y lenta. En el Chile del siglo XXI de nuevo han sido vulnerados los derechos fundamentales de los ciudadanos por agentes del Estado que ante una problemática social y política su respuesta inmediata fue la represión de forma discrecional, masiva y sistemática.

El gobierno de Chile y sus autoridades han respaldado una y otra vez el actuar de las FFAA y de Orden, incluso “negando” en algún minuto las graves y reiteradas violaciones a los DDHH, y en otros casos “minimizando” las mismas como excesos individuales. Incluso funcionarios de reparticiones públicas claves, como Justicia, Interior y Derechos Humanos “calificaron” a los informes realizados por instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CIDH, Alta Comisionada de la ONU e INDH de escaso rigor metodológico, errores, juicios de valor e incluso agradeciendo los informes, pero sin detallar las medidas preventivas y/o correctivas a la actuación de las FFAA y de Orden.

El “Nunca Más” y las estrategias de no repetición desde el 18 de octubre del año 2019, quedaron en el claro olvido y en documentos sin sustancias ni recomendaciones claras y precisas ni menos con seguimientos y evaluaciones adecuadas a los cuerpos armados de Chile.

En el texto “Estados de negación”, el sociólogo Stanley Cohen precisaba que existen tres formas de negar la barbarie o la atrocidad. “Una de ellas es la negación literal, donde se niega el propio hecho. En segundo lugar, estaría la negación interpretativa, por medio de la cual no se niega lo ocurrido, pero se realiza una reinterpretación de ello. Por último, estaría la negación inculpatoria, que no niega lo ocurrido ni su interpretación, pero si sus efectos” (2005).

Seguramente, por ello, el rechazo al informe de AI y la afinidad del de HRW. Con lo anterior, queda en manifiesto que la discusión sobre la caracterización de las violaciones a los DDHH es y será parte de un diseño estratégico comunicacional del gobierno y que las mismas serán parte de discusiones y análisis de largo aliento.

La negación siempre es un fenómeno sociológico importante porque lleva a la impunidad, a la amnesia, la desmemoria, los culpables y sus responsabilidades individuales, colectivas e institucionalidades van quedando en el olvido, y Chile sabe bastante de aquello, particularmente, luego de 17 años de Dictadura Militar.

El modelo se ha construido a lo largo de 30 años en la medida de lo posible y con los tiempos mejores entró en una profunda e irreversible crisis, el Chile de hoy es otro desde hace más de 150 días. Todos son parte del problema y tienen su cuota de responsabilidad política frente a la situación que hoy vive el país, cuanta dictadura cabe en una democracia, una afirmación que cobra relevancia en la actualidad.

El escenario de la desigualdad es el fondo del problema y el presidente se ha revelado como un rostro incapaz de contener en algún grado una crisis que hace agua desde todos los frentes. No olvidemos que con quienes habla primero en medio de la crisis es con los dueños de los supermercados, antes que, con los actores sociales, con lo cual refleja cuáles son sus prioridades.

Mientras la ciudadanía, continúa construyendo un nuevo ethos en Plaza Dignidad y en otras plazas, comunidades y sectores sobre seguro mirando con vista a una nueva esperanza y hasta que la dignidad se haga costumbre.

“Tapar la historia es la negación de la identidad de un pueblo, el riesgo de la repetición.
Cuando no hay justicia, no hay verdad, no hay memoria”
(Estela de Carlotto, 2018)

Mg. Andrés Vera Quiroz
Es Diplomado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, además de Asistente Social y Magister en Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Miembro del Colegio de Trabajadores de Chile AG. Asimismo miembro del directorio de Codepu, organización de Derechos Humanos. Ha ejercido docencia como profesor ayudante y titular en diversos establecimientos de Educación Superior. Sus escritos versan principalmente sobre Derechos Humanos, Ciudadanía, Memoria y la historia del Trabajo Social.

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