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México: Envejecimiento, reto para sistemas de pensiones en América Latina

Se estima que en el 2040 las personas de la tercera edad representen 21% de la población.

Por Elizabeth Albarrán

El incremento de la población que tiene 60 o más años de edad, será uno de los principales retos que deberán abordar los sistemas de pensiones en América Latina (AL) para evitar que se vuelvan una fuerte presión en sus finanzas públicas, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Es necesario desarrollar mecanismos para fortalecer la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones mediante políticas fiscales que tengan en cuenta los efectos del envejecimiento poblacional”, expone en su estudio Panorama Social de América Latina 2017.

Detalla que la clave está en el desarrollo de políticas públicas que interpreten los procesos demográficos, los cuales deben adoptar una perspectiva de largo plazo, debido al poco tiempo que disponen los gobiernos para lograr resultados en sus gestiones.

“Los gobiernos de la región cuentan con menos tiempo y, por tanto, menos margen de error para realizar los ajustes necesarios que se necesitan para hacer frente a las demandas de una población que envejece”, refiere.

A nivel regional, se estima que el número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años cerca del 2036 y seguirá creciendo hasta el 2080.

“El grupo de personas de 60 años y más cobra un mayor peso al pasar de apenas 5.6% de la población regional en 1950 a 12% en el 2017. Se calcula que esta proporción llegará a 21% en el 2040 y a casi 37% de la población en el 2100”, menciona el estudio.

Se calcula que, entre el 2015 y el 2040, las personas de 60 o más años en América Latina y el Caribe crecerá casi 87 millones y la población de 20 a 59 años rondará los 63 millones de personas, destaca el organismo.

Por el contrario, la población menor de 20 años sufrirá una reducción de 26 millones de personas en el 2040 con respecto al 2015.

“Se prevé que la población de personas de 60 años o más en América Latina y el Caribe aumentará en promedio 3.4% anual en el periodo 2015-2040, mucho más rápido que la población de 20 a 59 años, que crecería un 0.5% al año, y que la población de menores de 20 años disminuya 0.5% al año”.

Ante ello, la Cepal señala que se debería dar prioridad a la consolidación de políticas o sistemas integrados de cuidado en los países, así como el desarrollo de políticas específicas para garantizar el acceso universal a la protección social de las personas mayores.

EN MÉXICO CRECE MÁS LA POBLACIÓN SENIL

Para el caso de México, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro realizó un análisis, donde indica que la tasa de crecimiento de la población de adultos mayores en México será mayor que la que se muestra a nivel mundial y en AL.

“Se prevé que el número de personas de 60 años y más mostrará un incremento de 81% entre el 2015 y el 2030, y que para el 2050 triplique su tamaño (…) El elevado crecimiento de la población adulta mayor en México se deriva de la alta tasa de fertilidad en México y el mundo entre 1950 y 1980”.

Agrega que al igual que el resto de los países de la región, el gobierno mexicano debe considerar hacer cambios en su actual sistema de pensiones que incluyen medidas que parten de elevar la edad legal de retiro, acotar beneficios, incrementar las tasas de contribución y los periodos mínimos de contribución.

Señala que se deben promover políticas para lograr una mayor participación en la fuerza laboral de los adultos de 65 años o más.

más VIDA

La Cepal también refiere que otro aspecto que se deberá considerar en los sistemas de pensiones es el incremento en la esperanza de vida, pues cada vez se registra a más personas que viven más de 80 años.

“El crecimiento de la población de 80 años y más generará desafíos económicos y sociales de gran envergadura en la mayoría de los países, ya que se incrementarán las demandas de pensiones, los costos de atención de salud y las necesidades de cuidado a largo plazo”.

Expone que en los últimos 65 años, el promedio de vida de los habitantes de AL aumentó 24.4 años.

“En la actualidad, la esperanza de vida media a los 60 años se aproxima a la observada en los países desarrollados (20.6 años en el caso de los hombres y 23.9 años en el de las mujeres, según estimaciones para 2015-2020)”, añade el organismo.

Menciona que la prolongación de la vida requiere de evaluaciones actuariales que guíen cambios paramétricos y activen políticas fiscales con el objetivo de proteger a los asegurados .“ La solución puede ser individual (ahorrar más), colectiva (ahorro colectivo), por medio de aportes fiscales o una combinación de todas las anteriores”.

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Perú: La desnutrición le cuesta a países de América Latina el 3% de su PBI anual

Perú aún tiene una tarea pendiente con la desnutrición y una más urgente contra la anemia, que ataca a 7 de cada 10 niños en regiones como Puno. Programa de Naciones Unidas buscará combatirlos con campañas y diálogo.

Por Israel Lozano

La desnutrición crónica, anemia, obesidad y sobrepeso le cuestan al Perú y a los demás países de América Latina (AL) un 3% de su Producto Bruto Interno anual.

Así lo señaló, en diálogo con La República, la representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el Perú, Carmen Burbano De Lara.

“No solo son gastos, hablamos de una inversión que podría destinarse para atacar otros males y garantizar el futuro de un país”, explicó.

Reducir estos males, que aún son un problema mayor para la mayoría de países, han convertido al Perú en la estrella de la región.

En los últimos diez años, nuestro país redujo la desnutrición crónica a la mitad. “Es una reducción que no se ha visto en ningún país de Latinoamérica. Es un éxito digno de destacarse. No obstante, aún hay tarea por hacer”, recalcó la especialista.

En las regiones de la Selva, según Burbano De Lara, este indicador todavía llega al 30% y en los últimos diez años este porcentaje no mostró variación.

En el caso de la anemia, que es la fuerte disminución de glóbulos rojos en la sangre, el indicador es aún más preocupante.

Se estima que este mal por lo menos lo sufren el 43% de los niños peruanos menores de tres años.

“En algunas zonas como Puno, siete de cada diez niños sufre de este mal. Son indicadores altos que nos demuestran que debemos preocuparnos por acabar con la mala nutrición de los niños en el Perú”, explicó.

Posición privilegiada

Lo cierto es que, habiendo ya reducido la desnutrición crónica a la mitad y siendo un país con una amplia diversidad de alimentos, el Perú se encuentra en una posición privilegiada para implementar políticas y campañas para disminuir aún más estos indicadores.

“Nosotros creemos que no existe razón para no lograr una reducción mayor de la desnutrición de cara al 2030”, explicó la especialista de las Naciones Unidas.

Para ello, esta misma entidad promoverá la campaña “Hambre Cero”, mediante la cual se busca colocar este tema en la discusión del sector público, privado, de la comunidad internacional y de los actores de la sociedad civil.

El fin es uno solo: acabar con el hambre y mejorar la nutrición de los niños de cara al 2030.

Para ello, el plan también considera la elaboración de un programa de televisión, el cual buscará acercar a los peruanos, a través de experiencias reales, cómo ir cambiando los hábitos alimenticios.

Rumbo al bicentenario

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene planeada una estrategia que, según el libro “República del Perú: Memoria de Gobierno”, buscará reducir la anemia y desnutrición crónica infantil de cara al bicentenario.

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está coordinando acciones intersectoriales e intergubernamentales que han permitido la firma del Pacto Nacional para la Reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica”, cita el libro que resume el primer año de Gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Este pacto permitirá al Gobierno cumplir su meta de reducir al 2021 la desnutrición infantil de 13,1% a 6,4%. En el caso de la anemia entre los niños y niñas de 6 a 35 meses, la meta del Gobierno es reducirla de 43,6% a 19% al término del Gobierno.

“Para su implementación hemos modificado el Fondo de Estímulo al Desempeño, una herramienta de incentivos monetarios a los gobiernos regionales, redirigiendo su prioridad a las acciones destinadas a la reducción de desnutrición y la anemia”, detalla el libro del Ejecutivo.

En algunas zonas como en Puno, siete de cada diez niños sufren de anemia. Son indicadores altos que demuestran que debemos acabar con la mala nutrición en los niños.

Etiquetado: La industria sabrá adaptarse

La representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para Perú, Carmen Burbano, saludó la decisión del Gobierno Peruano de aprobar la Ley de Alimentación Saludable.

“Nos parece positivo. Hemos apoyado al Ministerio de Salud en ese tema. Hablamos de información verídica sobre lo que está consumiendo. Se necesita que el consumidor sea más informado y más exigente con lo que consume”, explicó.

Detractores a la norma han señalado que la ley llenará las tiendas de “alimentos que no podemos comer”, generando un perjuicio a las industrias. Al respecto, Burbano De Lara negó esta posibilidad.

“Poco a poco la industria se irá adaptando y bajando los niveles de azúcares y empieza a verse productos más nutritivos, más saludables. Esto ya ha pasado en otros países. Queremos llegar a un balance, a una mesura”, explicó.

Fuente: http://larepublica.pe

Menos igualdad. La privatización de la educación en América Latina

En Latinoamérica avanza la privatización escolar. Se amplían las brechas educativas entre los más ricos y los más pobres, las desigualdades aumentan y se vuelve más frágil el derecho de todos a una educación de calidad.

Numerosos países, tanto del Norte como del Sur, han promovido medidas de privatización educativa en los últimos años. Como consecuencia, cada vez hay más niños y niñas que están siendo escolarizados en instituciones privadas. En el campo educativo, la privatización no se desarrolla del mismo modo que en ciertos sectores de la economía, como la provisión de agua, de energía, en las telecomunicaciones. En efecto, la privatización educativa no supone transferir la propiedad de las escuelas públicas a manos privadas, sino la mayor participación de agentes privados en la provisión y el financiamiento de servicios educativos. Así, la privatización en el campo de la educación es el resultado de la implementación de diversos y complejos esquemas de provisión y financiamiento mixtos que tienden a integrar al sector privado y al público, y que conllevan la redefinición de las funciones y responsabilidades tradicionalmente asumidas por el Estado.

Las acciones más habituales para promover la privatización educativa son: la creación de escuelas charter (instituciones de titularidad pública gestionadas por una entidad privada y que cuentan con financiamiento estatal); los esquemas de vouchers o bonos educativos (que se transfieren a las familias para que elijan la escuela privada o pública que más se adapte a sus preferencias educativas y que tienen como objetivo fomentar la competición entre escuelas); las subvenciones o la contratación externa de escuelas privadas por parte de los gobiernos (como las escuelas públicas de gestión privada en Argentina o las escuelas concertadas en España); los incentivos fiscales al consumo y/o la provisión de educación privada; y, en sentido más amplio, la promoción de la libre elección escolar de las familias (entre las que se encontrarían medidas de supresión de las zonas educativas como la que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid en el año 2013).

Un fenómeno en expansión en América Latina

América Latina es la región del planeta donde la privatización educativa ha avanzado de forma más pronunciada y constante en las últimas décadas. Los países latinoamericanos se destacan no sólo por tener la tasa de escolarización primaria privada más elevada del mundo, sino por mostrar además un crecimiento sostenido excepcional de la oferta privada desde la década de 1990 (Gráfico 1). En el nivel de educación secundaria, América Latina también encabeza el ranking de regiones con mayor participación privada, pero en este caso comparte posición con los países del África Subsahariana (Gráfico 2).

GRÁFICO 1. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel primario por regiones. 1990-2014

Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

Nota: UNESCO considera instituciones privadas a aquellas que no son operadas por una agencia o autoridad pública sino que están controladas y gestionadas, ya sea con o sin fines de lucro, por alguna organización no gubernamental (por ejemplo, instituciones religiosas, sindicatos, empresas, fundaciones, o agencias extranjeras), o a aquellas cuya junta de gobierno está compuesta principalmente por miembros que no han sido seleccionados por un organismo público.

GRÁFICO 2. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel secundario por regiones. 1998-2014

Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

A pesar de su magnitud, el fenómeno de la privatización educativa en América Latina ha sido por lo general poco estudiado desde una perspectiva regional. Dicha aproximación es, sin embargo, relevante dado que los motivos y factores que desencadenan la privatización de los sistemas educativos varían ampliamente país por país. En un estudio reciente, hemos mapeado la distintas manifestaciones y procesos de privatización educativa que coexisten en la región, en base al análisis de la multiplicidad de condicionantes sociopolíticos, institucionales, demográficos e históricos que intervienen en cada caso. Concretamente, identificamos siete trayectorias muy diferentes hacia la privatización educativa que nos muestran que las tendencias a la privatización responden a causas, orígenes y mecanismos muy distintos.

1. Privatización educativa como parte de la reforma estructural del Estado.

Chile es el país de la región donde ha cristalizado de forma más clara un proceso de privatización educativa fuertemente imbricado en un proceso más amplio de reforma estructural del Estado bajo los preceptos del neoliberalismo. En este país, la reforma educativa de los años ochenta redefinió drásticamente el rol del Estado en materia educativa y fomentó la elección escolar y el rol del sector privado mediante un sistema universal de vouchers. Dicha reforma fue impulsada en el contexto de una dictadura militar, lo cual dificultó que se pudieran articular resistencias efectivas ante unos cambios educativos tan drásticos y controvertidos.

2. Privatización educativa como reforma incremental.

En cambio, en países con un sistema educativo muy descentralizado, como Colombia y Brasil, la privatización se ha producido de forma incremental y como resultado del efecto acumulativo de una serie de reformas educativas acotadas y aparentemente aisladas, típicamente adoptadas a nivel subnacional. La política de “Colegios en Concesión” en Colombia – una variante adaptada de la modalidad charter popularizada en Estados Unidos desde la década de 1990 – constituye un emergente paradigmático de este tipo de avance incremental. En ambos países, factores políticos y socio-económicos de carácter extraeducativo (como la emergencia de una nueva clase media con mayor capacidad de consumo de educación privada) también han alimentado dichos procesos incrementales de privatización educativa.

3. Privatización “por defecto”.

En países como PerúRepública Dominicana y Jamaica, el crecimiento del sector privado se explica por la pasividad y/o por la limitada capacidad de respuesta del Estado ante una creciente demanda educativa. En estos casos, la privatización se produce, en cierta manera, “por defecto” más que como consecuencia de políticas proactivas, y se canaliza a menudo a través de la expansión de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste”, que cuentan con condiciones educativas e infraestructurales muy precarias, y están dirigidas principalmente a familias de bajos ingresos.

4. Alianzas público-privadas históricas.

En Argentina y, en cierta manera, en República Dominicana, la creciente presencia de provisión educativa no-estatal es el resultado de una relación de cooperación estable y de carácter histórico entre el Estado y la Iglesia, de características similares a las que encontramos en países europeos como España, Holanda y Bélgica. Este tipo de alianzas entre el sector público y el privado – inicialmente religioso y crecientemente laico – se encuentran intrínsecamente vinculadas a la instauración de los sistemas educativos nacionales y a la necesidad de ampliar la cobertura escolar de la manera más económica posible.

5. Privatización por la vía del desastre.

Las situaciones de emergencia humanitaria y social, resultantes tanto de desastres naturales como de conflictos armados, constituyen un terreno fértil para la adopción de reformas educativas de naturaleza drástica, las cuales, en situación de estabilidad y deliberación democrática, encontrarían más dificultades para prosperar. Tales dinámicas de privatización por la vía del desastre se han dado en países afectados por conflictos armados – como ha sido el caso de numerosos países centroamericanos en las últimas décadas – o por desastres naturales. En Haití, por ejemplo, después del terremoto del año 2010, se consolidó y expandió la provisión educativa privada en el marco del proceso de reconstrucción del país y en un contexto de notable influencia de organismos internacionales y agentes externos.

6. Privatización latente.

Encontramos también países como Uruguay, en los que históricamente el sector privado ha jugado un rol marginal, pero en los que se identifica un proceso de privatización latente. En este país se detecta un giro discursivo políticamente transversal, y una incipiente cooperación público-privada en forma de propuestas legislativas e iniciativas experimentales (como, por ejemplo, mediante la adopción de un esquema de vouchers con carácter de prueba piloto) con las que se podría promover la expansión de la educativa privada en los próximos años.

7. Contención de la privatización.

Finalmente, cabría destacar que, en contra de la tendencia generalizada en Latinoamérica, la matrícula privada ha experimentado un estancamiento y ligero retroceso en algunos países durante las últimas décadas. En Bolivia, por ejemplo, este proceso de contención de la privatización se explica por cambios en las dinámicas de oferta y demanda educativas. En este país andino, la relativa retracción de la provisión privada se da en un contexto de creciente regulación estatal sobre el sector, y una cierta pérdida de la ventaja comparativa de las instituciones privadas frente a la creciente inversión educativa y modernización del sector público.

La creciente presencia del sector privado en los sistemas educativos de Latinoamérica responde a una realidad muy diversa y con particularidades nacionales muy marcadas. El desarrollo de un amplio abanico de trayectorias de privatización educativa en la región se comprende sólo a la luz de una serie de especificidades (políticas, socioeconómicas e institucionales) que, en la mayoría de países, tienen un carácter marcadamente endógeno (es decir, que no se encuentra necesariamente vinculado a condicionalidades externas). Ahora bien, independientemente de sus causas y orígenes, ¿por qué debería de preocuparnos el fenómeno de la privatización educativa?

Los efectos de la privatización

Las políticas de privatización suelen generar fuertes controversias y disputas políticas.

Los defensores de la privatización educativa, sostienen que las políticas a favor de la privatización son una vía para extender la libertad de elección escolar de las familias, tornar más eficiente el sistema educativo, o incluso incrementar la equidad en educación. El ampliamente difundido documento El papel y el impacto de las asociaciones público-privadas en la educación (The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education) del Banco Mundial expresa de forma clara esta perspectiva. Sin embargo, un conjunto importante de actores, entre los que destacan organizaciones docentes y de la sociedad civil, plantea serios reparos a estas políticas, ya que suponen un desafío a la concepción de la educación como un derecho humano y un bien social. A su vez, la evidencia proveniente de la investigación académica muestra que los riesgos y efectos perversos ligados a la privatización superan ampliamente las virtudes que se le atribuyen y que, por lo demás, no han sido rigurosamente contrastadas.

La misma OCDE publicó en el año 2009 una revisión de la literatura académica sobre las políticas de mercado en educación en la que advierte que dichas políticas promueven mayores niveles de segregación escolar y de desigualdad educativa, mientras que los efectos sobre las mejoras en el aprendizaje no son para nada significativos. Similares resultados se desprenden de un análisis bibliométrico reciente sobre esta misma temática. Según pone de relieve este informe, los estudios académicos sobre los efectos de la privatización educativa publicados en las dos últimas décadas reportan con mucha más frecuencia efectos negativos que positivos. Ahora bien, el impacto de la privatización varía en función de diferentes dimensiones y aspectos del sistema educativo (satisfacción del profesorado, niveles de aprendizaje del alumnado, segregación escolar, eficiencia, etc.). La privatización educativa no es necesariamente negativa en relación a todos estos aspectos ni al mismo nivel. Como se refleja en el Gráfico 3, sus efectos son especialmente perjudiciales en relación a aspectos como la equidad educativa, la inclusión y la diversidad en la composición de las escuelas.

GRÁFICO 3

Fuente: Verger, A., Fontdevila, C., Rogan, R. & Gurney, T. Evidence-Based Policy and the Education Privatization Debate: Analysing the Politics of Knowledge Production and Mobilization through Bibliographic Coupling.

La competición entre escuelas impulsada por las políticas pro-privatización se traduce frecuentemente en un aumento de la discriminación educativa y de la segregación escolar. Esto se debe a que una práctica habitual – y casi naturalizada – en el sector educativo privado consiste en seleccionar al alumnado en base a criterios que no son precisamente de equidad. Así, las escuelas privadas, especialmente cuando están sujetas a presiones competitivas, tienden a “filtrar” a aquellos estudiantes percibidos como negativos para la imagen de la escuela o como menos hábiles académicamente (en general, estudiantes de clase trabajadora, minorías étnicas, o con necesidades educativas especiales). Asimismo, cuando se otorga mayor capacidad de elección a las familias, ésta deriva en muchas ocasiones en el abandono del sector público por parte de la clase media, lo cual pone en entredicho la diversidad socio-cultural de los centros educativos y amplifica las diferencias entre grupos sociales.

Además, y a pesar de que las políticas de privatización resultan en ocasiones en un aumento general del rendimiento educativo del alumnado en el sector privado respecto al público, estos resultados se tienden a neutralizar cuando la comparación se hace teniendo en cuenta el estatus socioeconómico del alumnado. Los grupos socialmente desfavorecidos se ven perjudicados por las políticas de privatización, especialmente a raíz de las dinámicas de discriminación y segregación escolar que se le asocian, o de la desigualdad de recursos de las escuelas en función del tipo de alumnado con el que cuentan (si bien es cierto que dinámicas de segmentación de la oferta escolar y de recursos educativos se pueden dar también en el seno del mismo sector público).

Adicionalmente, la privatización tiende a afectar directamente las condiciones laborales y los derechos del personal docente, lo cual se advierte especialmente en el caso de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste” que crecen a un ritmo vertiginoso en países de Asia, África y América Latina, aunque no exclusivamente. Si bien los centros de gestión privada pueden resultar más eficientes en términos económicos en comparación con los centros públicos, la contrapartida de la eficiencia se encuentra a menudo en la precarización en las condiciones laborales del personal docente. Esta precarización, a su vez, repercute en mayores niveles de rotación del profesorado y en una menor autonomía de los docentes en el ámbito pedagógico y/o curricular, lo cual tiende a desincentivar la innovación a nivel de aula.

En definitiva, mientras que los supuestos beneficios de la privatización educativa en términos de eficiencia y mejoras en el rendimiento educativo no han sido rigurosamente demostrados, la evidencia disponible pone de relieve que la privatización tiende a socavar la equidad educativa y la función de cohesión social que debería desempeñar la escuela. Comprender las causas de la privatización y sus diversas manifestaciones es un primer paso a la hora de articular respuestas y políticas con las que favorecer la mejora de la educación pública y el fortalecimiento de los sistemas educativos.

Autores: Antoni Verger, Maurio Moschetti y Clara Fontdevilla son profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona
Fuente: https://elpais.com / Contrapuntos